La reunión se desarrolló de manera virtual.

El Grupo Parlamentario por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores, entre las diferentes comparecencias respecto a los decretos de extinción de empresas públicas y desvinculaciones, recibió al ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, quien subrayó que estos procesos se derivan del Covid-19, con afectación en la economía, el mercado y los precios.

El ministro y las autoridades de Petroamazonas, Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Petroecuador dieron cifras de las desvinculaciones, tras las inquietudes de los dirigentes de los trabajadores Patricio Quintero, Manny Castillo y Leonardo Méndez.

En este contexto, Juan Carlos Bermeo, gerente general de Petroamazonas, señaló que las accciones institucionales se deben a los trabajadores, por ello una las prioridades ha sido el cuidado de su salud, con mayor énfasis en esta emergencia sanitaria.

Respecto a la disminución del tamaño del Estado, informó que se suprimió 590 vacantes, ahorrando cada año 13 millones de dólares, asimismo se ha optimizado 48 puestos. En la actualidad existen 6800 personas en la nómina, de ellas  4800 laboran en campo.

Entre tanto, Gonzalo Uquillas de Celec dijo que se han concretado 57 desvinculaciones,
principalmente de servidores públicos que han optado por el beneficio del retiro voluntario
de la institución, en el marco de la nueva realidad que también fue afectada por la
reducción de 180 millones de dólares.

Por último, Pablo Flores, de Petroecuador, señaló que esta entidad dio por terminada la
relación laboral de 79 servidores públicos con nombramientos provisionales y a 25
servidores tenían desde hace varios años remuneraciones sobrevaloradas que ingresaron
con escalas salariales altas; en la actualidad existen 3771 trabajadores en nómina.

Liliana Durán, previo a la clausura de la sesión, anunció que se elaborará un proyecto de
resolución respecto a la situación que viven varios servidores públicos de distintas
instituciones, el documento se pondrá en consideración de las y los integrantes del
organismo legislativo.

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