Por: René Ortiz
Que el precio del diésel responda a la demanda y al precio real. Sí, pero solamente al otro lado de la frontera terrestre de Ecuador con Colombia y Perú, en alta mar y al otro lado de la frontera marítima, en aguas internacionales, al costado del mar territorial de Ecuador; y, en los negocios ilícitos de crimen internacional organizado. ¡Wow, un espacio ilícito gigante!
Se estima en $2,88 el galón de diésel en Colombia, $4,52 en Perú y 2,80 en Ecuador.
Todo el mundo conocía que detrás del comercio ilegal de diésel y otros combustibles había un mundo tramposo con mucho derroche, con un notable fraude institucional y un abuso encubierto y tolerado por propios y ajenos al sistema.
Las cifras oficiales de consumo no eran una verdad “en territorio”, una vez comparada por el enredado disfraz de un montón de controles gubernamentales.
Pero, de manera persistente, la cadena de decisiones sobre el subsidio del diésel y otros combustibles desembocaba en manos de la política. La decisión era política y mojigata, a sabiendas del astronómico costo de billones de dólares para la nación por el despilfarro, el fraude y el abuso, que mostraban cifras donde se consume más diésel del que se necesita en una ciudad, una provincia, una región, en las faenas de pesca artesanal e industrial; conociendo el descarado robo “pinchando” el poliducto y las decenas de “casuchas-bodegas” instaladas a lo largo de la frontera guardando cientos de bidones y bombonas cargadas de diésel y Gas Licuado de Petróleo doméstico.
En este cuadro de atroces situaciones como las narradas y en base a la firmeza que ha mostrado el Presidente para transformar esta corrupción que él ha destapado y que se ha esparcido en casi toda la institucionalidad, él solo espera una respuesta ciudadana, apoyo total.
Un paro indígena ha sido organizado por la Conaie y el Presidente ha decidido trasladar la Presidencia a la ciudad de Latacunga. Allí, día a día, despacha los asuntos oficiales y programa ejecuta sus encuentros con comunidades de la Sierra con quienes comparte sus decisiones. Aprovecha las reuniones para entregar personalmente las compensaciones por los eventuales impactos en la canasta familiar debido al aumento de los precios del diésel, y la desaforada especulación que se desata en el mercado; revela los planes y programas de ayuda del Gobierno para la agricultura familiar de los comuneros y para la mejora de la calidad de sus cultivos y otros emprendimientos que son promovidos por el Gobierno.
Así mismo, ha sido una oportunidad para empresarios, comerciantes y la gente en general de pronunciarse con marchas por la paz en las localidades de Atuntaqui, Ibarra y Otavalo. La gente quiere trabajar y rechaza las marchas violentas, vándalas y narcoterroristas de la Conaie.
