Hoy, 3 de diciembre, se recuerda el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, proclamado por la Asamblea de las Naciones Unidas. Esta declaración de la Convención conllevó algunos derechos para las personas que sufren de este problema.
Lamentablemente, miles de personas en Ecuador y en el mundo enfrentan barreras, obstáculos y dificultades a causa de su discapacidad. Este problema social en nuestra patria, ciertamente, ha tenido avances significativos en igualdad de oportunidades, llevados adelante con cierto éxito. Por su parte, la Constitución vigente, en el Capítulo tercero, Art. 35, sobre Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, establece que “recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privados”; entre ellos, se encuentran las personas con discapacidad.
En este sentido, la política estatal orientada al real mejoramiento de la situación de las personas discapacitadas y su integración a la sociedad ha tenido avances importantes en temas de transporte, empleo, educación, servicios de salud, rehabilitación integral, exenciones en el régimen tributario, vivienda, formas alternativas de comunicación, vida política y social, en definitiva, derechos que están explícitamente puntualizados en el texto constitucional. Pero además, se establecen medidas para la inclusión social, la obtención de créditos especiales, incentivos y apoyo para proyectos productivos, etc.
Si bien el Estado ecuatoriano garantiza políticas de prevención de las discapacidades y procura la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad; sin embargo, debería haber una mayor toma de conciencia colectiva sobre el tema y, por supuesto, una actitud, un comportamiento más comprensivo, no compasivo, de la sociedad y la familia hacia las personas con discapacidad que, lamentablemente en nuestro país son muy numerosas según estadísticas oficiales.
