JUICIO.
El cantón Cumandá vuelve a estar en la agenda judicial, este 21 de noviembre el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente dictó auto de llamamiento a juicio contra cuatro ciudadanos procesados por el presunto delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en mediana escala. Los procesados son Jefferson A., Javier D., Erick P. y Jorge P. En la resolución también se ratificó la prisión preventiva, medida que se mantendrá mientras avanza la causa hacia el juicio oral.

La decisión se tomó luego de analizar los elementos expuestos por el fiscal del caso durante la audiencia donde se anunció el conjunto de pruebas que se presentarán en juicio, entre ellas el parte informativo del allanamiento, las versiones de los agentes policiales que ejecutaron el operativo, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, el acta de verificación y pesaje de las sustancias incautadas, así como fotografías, evidencias y otros indicios recogidos en la escena. Para Fiscalía, estas pruebas acreditarían que los procesados actuaban de manera conjunta en actividades relacionadas con almacenamiento y presunta distribución de droga en Cumandá.
De acuerdo con la información recabada por unidades especializadas, el caso se originó a partir de datos reservados que señalaban una posible actividad de microtráfico en un inmueble del centro cantonal. Con base en estas alertas, investigadores iniciaron un proceso de vigilancia y verificación. La vivienda señalada se ubicaba en las calles Amazonas, entre 10 de Agosto y Gómez Rendón, una zona de alta movilidad en Cumandá. Con la información consolidada, la tarde del 28 de agosto de 2025 se ejecutó un operativo de allanamiento a la vivienda identificada.
Durante la intervención, funcionarios de Fiscalía y agentes antinarcóticos encontraron, en la planta baja, un bolso negro que contenía 26,60 gramos de cocaína distribuidos en dos fundas plásticas, dos balanzas digitales, dinero en efectivo y otros indicios asociados al expendio de sustancias, mientras que los cuatro sospechosos se encontraban en el sitio al momento de la intervención, por lo que fueron aprehendidos en delito flagrante. El presunto delito está tipificado en el artículo 220, numeral 1, literal b, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en mediana escala con penas que van de cinco a siete años de privación de libertad.










