COTOPÁXI
El Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi sentenció a cuatro años de pena privativa de libertad a Paulina M. E., tras declararla autora del delito de oferta de realizar tráfico de influencias, luego de valorar de manera integral las pruebas presentadas por la Fiscalía Provincial de Cotopaxi.
La sentencia se dictó tras la audiencia de juzgamiento, en la que Fiscalía demostró que la procesada ofrecía supuestos cargos públicos en los municipios de Latacunga, Saquisilí y Pujilí, asegurando a las personas interesadas que, a través de una autoridad del cantón Latacunga, se “canalizarían” los nombramientos laborales en entidades municipales.
De acuerdo con la investigación fiscal, la mujer solicitaba sumas de dinero que oscilaban entre los 2.000 y 3.000 dólares a cambio de garantizar el acceso a estos puestos de trabajo. Cinco personas fueron identificadas como perjudicadas, quienes confiaron en la oferta y entregaron los valores exigidos, con la expectativa de obtener un empleo público.
Sin embargo, la procesada no cumplió con lo prometido ni devolvió los montos recibidos, que en total ascendían a 12.000 dólares, lo que motivó la denuncia y posterior intervención de la Fiscalía.
Durante el juicio, el ente acusador presentó testimonios de las cinco víctimas, quienes relataron la forma en que fueron contactadas y convencidas de entregar el dinero. Además, se incorporó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, así como las tablas de amortización de préstamos realizados por algunas de las personas afectadas, quienes recurrieron a créditos para reunir el dinero solicitado.
Entre los elementos probatorios también constaron un análisis telefónico, registros de comunicaciones y otros documentos que permitieron establecer la existencia del delito y la responsabilidad penal de la sentenciada.
Al emitir su fallo, el Tribunal determinó que no procede la reparación integral a favor de las víctimas, al considerar que estas participaron voluntariamente en un acto de corrupción, al intentar acceder a cargos públicos mediante el pago de dinero, lo que contraviene la normativa legal y los principios que rigen el acceso al servicio público.
