TESTIMONIO
El testimonio de Iván Rolando Chagnama Chimbo, vendedor ambulante indígena y hablante de kichwa, revela un patrón sostenido de agresiones, discriminación y persecución ejercido por agentes municipales en Quito. Su relato no solo describe hechos aislados, sino un contexto más amplio de vulnerabilidad estructural que afecta a cientos de comerciantes informales, especialmente pertenecientes a comunidades indígenas.
Chagnama afirma que fue víctima de golpes, uso excesivo de gas lacrimógeno, robo de mercadería e insultos discriminatorios en múltiples ocasiones mientras vendía frutas y verduras para sostener a su familia. Entre las fechas identificadas se encuentran el 15 de junio, el 21 de julio y el 28 de agosto de 2021. En este último episodio, su esposa e hija también habrían sido agredidas por personal municipal.
Los registros de organismos de derechos humanos coinciden en que los vendedores indígenas son uno de los grupos más expuestos a violencia institucional en espacios urbanos. Diversos informes han señalado la existencia de operativos donde los controles municipales derivan en uso indebido de la fuerza, decomisos arbitrarios y tratos degradantes, particularmente hacia personas que no dominan el español o provienen de zonas rurales.
El caso de Chagnama se ajusta a ese patrón. Según su testimonio, los agentes no solo lo desalojaban: le advertían que, si seguía vendiendo, “le harían más daño”. Las amenazas se extendían a su familia. Esta presión constante generó un clima de miedo que, según relata, limitaba su movilidad y su capacidad para trabajar.
La situación escaló al punto de que Chagnama decidió abandonar Ecuador el 3 de septiembre de 2021. Huyó solo, dejando a su familia escondida por temor a represalias. Afirma que, si las autoridades se enteraban de su intento de salida, podrían secuestrar o agredir a su esposa e hija.
La historia de Iván Chagnama no es excepcional: forma parte de una realidad sistemática que mezcla pobreza, informalidad, discriminación étnica y abuso de poder. Su testimonio aporta elementos claves sobre cómo estas dinámicas empujan a personas vulnerables a migrar forzadamente, incluso dentro de su propio país.
Expertos consultados coinciden en que este tipo de casos evidencia una deuda histórica con las comunidades indígenas en contextos urbanos, así como la urgencia de reformar los mecanismos de control municipal y garantizar protocolos que eviten la criminalización del trabajo informal.
