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La Corte Constitucional (CC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el movimiento Unidad Popular contra la Ley de Integridad Pública, norma que entró en vigencia el pasado 26 de junio tras su publicación en el Registro Oficial.
La Asamblea Nacional y la Presidencia de la República disponen de 15 días para presentar sus argumentos y defender la constitucionalidad de la norma. En el auto de admisión, la CC negó la solicitud de medidas cautelares, con lo que el trámite de la ley no será suspendido mientras se desarrolla el proceso judicial.
Unidad Popular presentó la demanda el 3 de julio, argumentando que la ley vulnera derechos laborales, económicos y sociales. Entre los puntos cuestionados se encuentran las evaluaciones obligatorias a los servidores públicos dos veces al año, así como disposiciones relacionadas con procesos de contratación pública.
La Ley de Integridad Pública tiene como objetivo fortalecer la gestión del sector público, combatir la corrupción y optimizar los procedimientos administrativos, con especial atención a la participación de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en la contratación estatal.
El fallo de la Corte Constitucional definirá si esta normativa se mantiene vigente en su totalidad o si deberá ser modificada para cumplir con las disposiciones de la Carta Magna./Primicias
