Por: Franklin Barriga
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada, en última instancia, por la Corte Suprema de Justicia de Argentina, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, debido a delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Presidenta de la República por ocho años, además de vicepresidenta y legisladora en varias ocasiones; trabajó, muy cercana, a Néstor, su esposo, por largo tiempo gobernador de la provincia de Santa Cruz y, luego, mandatario del país gaucho, asimismo vinculado a hechos de opacidad. Cristina donó una estatua de su cónyuge, de 600 kilogramos de peso y dos metros de alto, que fue develada, en el 2014, a la entrada del edificio de Unasur, en la Mitad del Mundo. A este acto por demás cuestionado, asistieron con alborozo Rafael Correa y Evo Morales, en ese entonces presidentes de Ecuador y de Bolivia, respectivamente. Ante el generalizado rechazo por el desacierto, cinco años después, el Parlamento ecuatoriano resolvió que se retire esa escultura que fue embodegada, ya que representaba todo lo contrario a lo que significa un monumento.
El de Cristina Fernández es un caso más de los incontables que pueden ser señalados tanto en territorio argentino como en el exterior, protagonizados por quienes llegan a desempeñar funciones del más alto nivel y se enriquecen, amparados por un poder dañado que les protege y fomenta estructuras nada recomendables.
En Ecuador, la corrupción en política, ya no llama la atención, por la cantidad de ciudadanos contaminados de esta peste moral, que se hallan tras las rejas o, lo que es más común, que fugaron a otros países, antes de que el brazo de la justicia les alcance.
Imprescindible que la transparencia y la ley venzan a las turbiedades que invaden la política, si se quiere naciones prósperas.
