Contribuyente sentenciado a siete años de prisión y multa por defraudación tributaria

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Miryan Rubio Naranjo, directora del Servicio de Rentas Internas de Chimborazo (SRI).

El 2 de julio de 2019, el gerente general de una empresa domiciliada en Quito fue sentenciado por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha a siete años de prisión y al pago de veinte salarios básicos unificados (SBU), por el delito de defraudación tributaria.

Miryan Rubio Naranjo, directora del Servicio de Rentas Internas de Chimborazo (SRI), comentó que adicionalmente a la pena de siete años de prisión y al pago de veinte salarios básicos unificados, el Tribunal Penal ordenó la extinción de la personería jurídica de la compañía, que se dedicaba a la «venta al por mayor de accesorios, partes y piezas de vehículos automotores», y le impuso la multa de cien salarios básicos unificados.

El Servicio de Rentas Internas denunció ante la Fiscalía General del Estado, en el año 2017, que la compañía presentó en sus declaraciones comprobantes de venta de terceros por transacciones inexistentes, con facturas clonadas, de personas que indicaron que nunca mantuvieron relaciones comerciales con dicha empresa. De esta manera, se configuraron los delitos de Defraudación Tributaria establecidos en los numerales 12 y 15 del artículo 298 del Código Integral Penal; al presentar al SRI comprobantes de venta por operaciones inexistentes, con el objetivo de dejar de pagar el impuesto debido mediante el incremento fraudulento de gastos, afectando directamente al Estado ecuatoriano.

Cabe resaltar que el pago del impuesto no exime al contribuyente de la responsabilidad penal, tal como lo indica el último inciso del artículo 298 del código orgánico integral penal (COIP) indica textualmente: «Cada caso será investigado, juzgado y sancionado sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como del pago de los impuestos debidos». (16)

 

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