EXPULSIÓN
El Consejo de la Judicatura expulsó al magistrado David Jacho tras comprobarse el presunto acosó a una trabajadora bajo su mando. Su destitución reabre el debate sobre los abusos de poder dentro de la justicia ecuatoriana. En los pasillos solemnes de la Corte Nacional de Justicia, donde se deciden los casos más importantes del país, estalló una noticia que sacudió la estructura del poder judicial. David Jacho, conjuez de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia, fue destituido de manera definitiva.
La resolución fue adoptada por unanimidad por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), que además anunció que el expediente será remitido a la Fiscalía General del Estado para la investigación penal correspondiente. La decisión, emitida el 7 de noviembre de 2025, marca un hecho inédito: uno de los jueces más altos del país deja su cargo no por un fallo judicial, sino por una falta ética grave. La historia comenzó meses atrás, el 2 de julio, cuando una asistente administrativa de la Corte presentó su renuncia irrevocable.
En su carta, la mujer reveló que había sido víctima de acoso sexual por parte de su jefe inmediato. No solo relató los hechos, sino que entregó mensajes de auxilio que había enviado a un compañero de trabajo en momentos de angustia. La denuncia encendió las alarmas dentro del CJ. El 21 de julio, Jacho fue suspendido sin sueldo por tres meses mientras avanzaba la investigación. El 11 de septiembre se abrió un sumario disciplinario formal.
Con el paso de las semanas, se confirmaron los elementos suficientes para sostener la acusación: existía una relación jerárquica directa con la víctima y un patrón de conductas inapropiadas. El Consejo conformó una veeduría técnico-jurídica compuesta por especialistas en Derecho, ética y derechos humanos. Este comité ratificó que el proceso cumplió el debido proceso y que el conjuez tuvo todas las garantías para ejercer su defensa.
Hasta antes del escándalo, David Jacho era conocido por integrar tribunales de alto perfil. Fue uno de los jueces que ratificó la sentencia por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, que condenó a ocho años de prisión al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas. Ahora, su nombre aparece en un contexto totalmente opuesto: el de la sanción y la expulsión.
El Consejo de la Judicatura defendió su decisión como una muestra de firmeza institucional. En su comunicado, destacó que la destitución “ratifica el compromiso de garantizar un entorno laboral libre de acoso sexual y de promover un ambiente ético y respetuoso para todas y todos los servidores judiciales”.
