CONDENA
El robo de vehículos no termina cuando el automotor desaparece de las calles. Detrás de ese primer delito existe una red silenciosa que lo oculta, lo traslada y le da nueva apariencia para insertarlo nuevamente en el mercado ilegal. A esa cadena apunta el fallo judicial emitido este 16 de enero, cuando la Fiscalía logró una sentencia condenatoria contra tres hombres vinculados al delito de receptación, tras una investigación que se extendió por casi diez meses.
Jonathan G. Q., Reinaldo P. M. y Jesús M. M. fueron sentenciados a 32 meses de privación de libertad, luego de que el Tribunal determinara su responsabilidad penal en la posesión de un vehículo reportado como robado. El caso no solo revela la dimensión del delito, sino también la forma en que estas estructuras operan en distintas ciudades del país. La causa se inició en noviembre de 2024, cuando las autoridades detectaron indicios de una presunta organización delictiva dedicada al robo de automotores y a su posterior ocultamiento.
Las tareas investigativas permitieron establecer patrones de operación, zonas de influencia y posibles inmuebles utilizados como puntos de resguardo. Con el paso de los meses, la información recopilada fue cerrando el cerco. Riobamba, Quito y Puyo aparecieron como ciudades clave dentro del esquema, lo que evidenciaba una operación que superaba el ámbito local. El 11 de septiembre de 2025, en horas de la madrugada, se ejecutó un operativo simultáneo que marcó un punto de quiebre en la investigación.
En total, se realizaron nueve allanamientos en distintas provincias, con la participación coordinada de agentes policiales y fiscales. Cada intervención tenía un objetivo claro: asegurar evidencias, ubicar vehículos reportados como robados e identificar a los responsables de su ocultamiento. El resultado fue determinante para el proceso judicial que vendría después. Uno de los allanamientos se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la avenida Sergio Quirola y Miguel de Santiago, en Riobamba. En ese lugar, los agentes localizaron un vehículo que constaba en los registros oficiales como robado desde el 8 de agosto de 2025, en Ambato.
El automotor coincidía plenamente con las características descritas en la denuncia presentada por la víctima. En el sitio se encontraban Jonathan G. Q., Reinaldo P. M. y Jesús M. M., quienes no pudieron justificar la procedencia del vehículo, lo que derivó en su inmediata aprehensión. Para las autoridades, la sentencia representa un avance en la lucha contra el robo de automotores, un delito que genera inseguridad y fuertes pérdidas económicas.
Durante la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía presentó un conjunto de pruebas consideradas determinantes por el Tribunal. Entre ellas constaron los testimonios de los agentes aprehensores, los informes técnicos de reconocimiento y avalúo de evidencias, así como el testimonio de la persona afectada, quien relató el impacto económico y personal que le generó el robo de su vehículo. La valoración conjunta de estos elementos permitió establecer la responsabilidad penal de los acusados y sustentar la sentencia condenatoria.
