PROTESTAS
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) volvió a levantar su voz de alerta frente al Gobierno. A través de un documento aprobado en Consejo Ampliado, la organización denunció una “violenta represión” contra comunidades indígenas de Imbabura y anunció medidas de resistencia a nivel nacional. El pronunciamiento, firmado por los principales dirigentes del movimiento, cuestiona duramente la actuación del Ejecutivo, al que acusa de “instaurar un régimen autoritario” y de utilizar a las Fuerzas Armadas bajo el pretexto de un supuesto “convoy humanitario”.
Según el texto oficial, las operaciones desarrolladas en comunidades del norte del país no fueron de carácter humanitario, sino una “estrategia militar” que dejó allanamientos, detenciones y graves vulneraciones a los derechos humanos. “La incursión en Imbabura fue una acción planificada de guerra interna contra nuestros pueblos”, advierte la CONAIE, que responsabiliza directamente al Gobierno y exige la intervención de organismos internacionales como la ONU, la CIDH y la OEA para frenar lo que consideran una escalada represiva. Los dirigentes además piden justicia, reparación para las víctimas y una investigación independiente sobre el uso de la fuerza en la zona.
El Consejo Ampliado también marcó una postura tajante frente al referéndum impulsado por el Gobierno, al que calificó como un intento de consolidar un “régimen autoritario” y distraer la atención de los problemas sociales y económicos que atraviesa el país. “Nuestra posición es decir NO”, señala el documento. La organización ratifica además su defensa de los derechos de la naturaleza, el acceso al agua, los derechos laborales y colectivos, y el derecho a la resistencia.
La CONAIE anunció que reorganizará toda su estructura interna para emprender una campaña nacional por el NO, articulando a las nacionalidades y sectores sociales bajo una consigna común: frenar cualquier intento de retroceso en los derechos alcanzados. En uno de los puntos más duros de su resolución, la CONAIE acusa al Gobierno de cometer delitos de lesa humanidad por la represión en Imbabura. Además de exigir la liberación de los detenidos y la reparación integral de los heridos y fallecidos, anunció que se reserva el derecho de iniciar acciones legales nacionales e internacionales.
La organización también dispuso la creación de un convoy humanitario propio, conformado por representantes de los pueblos y nacionalidades, en coordinación con la Cruz Roja y organismos de derechos humanos, para asistir a las comunidades afectadas. Asimismo, se planifica una misión médica urgente para brindar atención a los heridos en la provincia, encabezada por dirigentes del área de salud de la estructura organizativa indígena.
