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Más de 11.000 personas de zonas rurales en cuatro provincias del país acceden por primera vez a agua potable. El proyecto liderado por la empresa privada rompe una espera histórica que, en algunos casos, duró hasta 70 años.
Durante décadas, el agua potable fue una promesa lejana para miles de familias rurales del Ecuador. Hoy, esa espera se rompe con un gesto simple y radical: abrir una llave y que salga agua limpia.
La iniciativa Sumar Juntos, impulsada por Banco Pichincha junto a Ayuda en Acción, alcanzó su primera gran meta al dotar de sistemas de agua potable a 37 comunidades rurales en Carchi, Cotopaxi, Azuay y Morona Santiago.
El proyecto permitió la construcción y rehabilitación de 23 sistemas de agua potable, beneficiando a más de 11.000 personas. En territorios de difícil acceso, las obras implicaron mingas comunitarias, transporte de tuberías en mulas y trabajo técnico en zonas donde el agua siempre estuvo cerca, pero nunca fue segura.
Además del acceso físico al agua, la iniciativa fortaleció la gestión comunitaria mediante capacitación a las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP), protección de fuentes hídricas y acciones para prevenir enfermedades asociadas al consumo de agua contaminada.
En Morona Santiago, Rosa Sharup resume siete décadas de espera en una frase: “Esperamos 70 años para tener agua potable. Es un sueño cumplido abrir el grifo y tener agua en casa”. En Carchi, Juan Carlos Borja destaca el compromiso comunitario: “Hicimos mingas y reforestamos las zonas que guardan el agua. Queremos cuidar esta obra que nos cambió la vida”.
Mientras que en Cotopaxi, Fernanda Catota recuerda una rutina que marcaba la vida de mujeres y niños: caminar largas distancias para traer agua del río. Hoy, dice, esa realidad quedó atrás.
En Ecuador, seis de cada 10 personas en zonas rurales no tienen acceso seguro a agua potable, y más del 36% de niñas y niños menores de cinco años consumen agua contaminada, según datos del proyecto. La primera fase de Sumar Juntos es solo el inicio. Para 2026, la alianza prevé una segunda etapa que beneficiará a 42 comunidades rurales adicionales en Carchi, Cotopaxi, Imbabura, Azuay, Pichincha y Morona Santiago, ampliando el impacto a nuevas provincias.
