SENTENCIA
El Tribunal de Garantías Penales de Riobamba sentenció a ocho años y ocho meses de privación de libertad a Carlos L. A., tras declararlo culpable en calidad de cómplice del asesinato de tres hombres, un hecho violento que estremeció a la provincia de Chimborazo en julio de 2023. La resolución judicial se emitió luego de que los jueces valoraran de manera integral el cúmulo de pruebas presentadas por la Fiscalía, las cuales permitieron demostrar su participación directa en el apoyo logístico brindado a los autores materiales del crimen.
Como parte de la sentencia, el Tribunal también dispuso que el sentenciado cancele 3.000 dólares por concepto de reparación integral a favor de los familiares de las víctimas. Aunque esta medida no compensa el daño causado, busca reconocer el perjuicio moral y material generado por uno de los episodios de violencia más crudos registrados en la región en los últimos años. Durante la audiencia de juicio, el fiscal de Personas y Garantías que lideró la investigación explicó que Carlos L. A. desempeñó un rol determinante dentro de la estructura criminal que ejecutó el triple asesinato.
Según la acusación, el sentenciado facilitó el traslado de los autores del delito en un vehículo tipo taxi, permitiéndoles llegar al sitio donde se cometió el crimen y posteriormente huir del lugar. Los autores materiales fueron identificados como Miguel R. Ch., Carlos A. A., Ángel C. P. y Carlos C. T., todos ellos integrantes de un grupo delictivo organizado “quienes ya fueron condenados en procesos anteriores a 34 años y ocho meses de prisión, la pena máxima contemplada en la legislación ecuatoriana para el delito de asesinato. Las investigaciones establecieron que el hoy sentenciado conocía plenamente las intenciones del grupo y, aun así, decidió colaborar de manera voluntaria, convirtiéndose en una pieza clave para la consumación del hecho delictivo.
Las víctimas fueron tres hombres de entre 25 y 35 años de edad, quienes fueron asesinados en un punto apartado de la vía Riobamba–Guaranda, en el sector conocido como Gallo Rumi. Sus cuerpos fueron encontrados el 13 de julio de 2023, con evidentes signos de violencia extrema. De acuerdo con los informes forenses, los cadáveres presentaban múltiples impactos de arma de fuego y señales de tortura, lo que evidenció la brutalidad con la que actuaron los responsables. La causa de muerte fue determinada como una hemorragia severa producto de los disparos, según confirmaron los médicos legistas.
Tras el levantamiento de los cuerpos, los equipos investigativos iniciaron una serie de diligencias técnicas y de campo que permitieron reconstruir la secuencia de los hechos. El análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y labores de inteligencia condujeron a la identificación de los presuntos responsables. Los implicados fueron aprehendidos en delito flagrante durante un operativo ejecutado en la ciudad de Riobamba, lo que permitió avanzar con rapidez en la formulación de cargos y el posterior llamamiento a juicio.
