El COVID-19 golpea fuerte en las cárceles del país.

En este punto coincidieron el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión; Juan Pablo Albán, docente universitario; Gina Gómez, de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos; y, Paúl Pérez, exfiscal del Estado. Los invitados reconocieron la facultad de la Asamblea para conceder este tipo de beneficios, acorde el mandato del artículo 120, numeral 13, de la Constitución y las normas internacionales, siempre que no se traten de delitos cometidos contra la administración pública o de graves violaciones a los derechos humanos.

Freddy Carrión expuso que el hacinamiento carcelario está en el orden del 35 %, al indicar que en la cárcel de Ambato hay más de 419 casos positivos de Covid-19, de un total de 616 personas, a lo que se incluye, de manera general, más de 30 agentes penitenciarios y del área administrativa contagiados, en razón de las difíciles condiciones sanitarias.

En tal sentido, sugirió implementar un indulto humanitario a favor de los adultos mayores, mujeres embarazadas o que viven con sus hijos en las cárceles, y personas con enfermedades catastróficas, recogiendo la experiencia de Chile.

Gina Gómez, de la Comisión de la Verdad y Paúl Pérez, exfiscal del Estado, expresaron que las figuras de la amnistía e indulto se aplican como elementos de paz social y reconciliación, tomando en cuenta el interés colectivo, el clima político y la alteración del orden constituido.

Entre tanto, Juan Pablo Albán, docente universitario y abogado en libre ejercicio profesional, comentó que en el tema de San Pedro de Cañar se debe considerar la Carta Magna, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que reconocen su
autodeterminación, tradiciones y el sistema de justicia indígena. Es fundamental verificar las
motivaciones desde una línea subjetiva en el ámbito político y que los dirigentes no se hayan
extralimitado, agregó.

También observó que en el asunto Mascarillas se evidenció un acto de abuso de poder, del
cual resultó la muerte de un ciudadano, lo que es caracterizado en el derecho internacional en
el ámbito de derechos humanos como una ejecución extrajudicial. Tesis que compartió el
Defensor del Pueblo.

La mesa de Justicia recibió, además, a la señora Maruja Toro, madre de Santiago
Villavivencio, quien guarda prisión por dos años y medio acusado del delito de minería ilegal.

Ella manifestó que tiene discapacidad, sufre de cáncer, que su situación económica es
precaria y que su hijo era el único sustento del hogar. En medio de lágrimas, pidió que se le
conceda un indulto de tipo humanitario.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.