PUYO
Los comerciantes agrupados en la Asociación del Mercado La Merced, en la ciudad de Puyo, manifestaron su preocupación por la falta de socialización del proyecto para la construcción de un nuevo mercado, impulsado por el Municipio de Pastaza con financiamiento del Banco del Estado.
La inconformidad se dio a conocer durante una reunión convocada por el administrador del centro de abastos, Fernando Motero, en la que se informó a los comerciantes sobre algunos detalles de la futura obra. Sin embargo, los representantes del gremio insistieron en que no buscan únicamente información, sino una socialización transparente y participativa.
“No solo queremos información, queremos ser parte del proceso. Este mercado es nuestro espacio de trabajo y debe construirse con el consenso de quienes lo ocupamos”, expresó Marcelo Ladino, presidente de la Asociación del Mercado La Merced.
Los comerciantes reconocen la necesidad de renovar la infraestructura, que fue construida hace 46 años, y aseguran estar de acuerdo con la demolición del antiguo edificio para levantar un mercado moderno que garantice condiciones higiénicas, funcionales y seguras. No obstante, denuncian que hasta el momento desconocen los planos, el número de locales y la distribución de espacios del nuevo inmueble.
La principal preocupación es perder sus puestos de trabajo durante o después de la construcción. Por ello, los dirigentes han solicitado formalmente información a las autoridades municipales y han acudido a instancias como la Defensoría del Pueblo y la asambleísta María Acuña, además de presentar una acción de protección para garantizar sus derechos.
La reunión informativa oficial está prevista para el viernes 17 de octubre a las 15h00, en el Centro de Difusión Cultural de Puyo, donde los comerciantes esperan obtener respuestas claras sobre el diseño, financiamiento y reubicación temporal durante la obra.
El presidente Marcelo Ladino reconoció que existen deudas pendientes por arrendamientos, pero señaló que estas se han acumulado por falta de gestión administrativa, y negó que existan intereses políticos detrás de la controversia. “Esta no es una pelea partidista, es la defensa de nuestro sustento y de un espacio digno de trabajo”, afirmó.
