En el auditorio de la Universidad Nacional de Chimborazo el viernes 20 de marzo de 2026 se desarrolló el evento denominado Fortalecimiento de la gobernanza y uso sostenible del agua, un espacio orientado a impulsar acciones concretas para mejorar la gestión hídrica en la provincia. La jornada reunió a autoridades, técnicos y representantes de juntas de agua con el objetivo de consolidar procesos que garanticen un acceso más eficiente y equitativo al recurso.
Durante el encuentro se socializó la reforma al Acuerdo Ministerial No. MAATE-2025-0010-A, una iniciativa trabajada de manera conjunta entre la asambleísta Mishel Mancheno y la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. Esta reforma busca ordenar el reconocimiento de las juntas de agua, destrabar procesos que permanecían paralizados y eliminar requisitos considerados desproporcionados que dificultaban su regularización.
Como parte de este proceso, se llevaron a cabo mesas técnicas en territorio con juntas de agua potable y de riego, permitiendo recoger de primera mano las necesidades de las comunidades. Este trabajo participativo facilitó la construcción de soluciones acordes a la realidad local, fortaleciendo la articulación entre el Estado y las organizaciones comunitarias.
El viceministro del Agua, Freddy Muñoz, informó que a nivel nacional cerca de 3 millones de habitantes rurales y alrededor de 7.400 juntas de agua potable, saneamiento y riego se benefician de la entrega de documentos jurídicos, viabilidades técnicas y reformas normativas. Estas acciones, explicó, fortalecen la organización comunitaria y mejoran el acceso al agua en distintos territorios del país.
En el caso de Chimborazo, las medidas implementadas impactan directamente a 7.417 usuarios y a más de 37.000 ciudadanos, consolidando una gestión ordenada y con respaldo estatal. “Este evento no es únicamente un acto protocolario, sino la muestra concreta de un trabajo técnico, legal y territorial desarrollado con responsabilidad y compromiso”, se destacó durante la jornada, evidenciando que la gestión impulsa el acceso al agua como un derecho fundamental.
