JUSTICIA
Tras un largo proceso judicial, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas sentenció a 11 militares a 34 años y ocho meses de prisión por el delito de desaparición forzada de cuatro menores de edad, en el denominado caso Malvinas, uno de los procesos más sensibles y emblemáticos relacionados con el uso ilegítimo de la fuerza en el país.
La resolución fue dada a conocer la mañana de este 22 de diciembre, luego de la reinstalación de la audiencia de juzgamiento que se desarrolló de manera virtual y presencial desde el Complejo Judicial Albán Borja, en el norte de Guayaquil. La diligencia estuvo a cargo del juez ponente Jovanny Suárez, junto a las juezas Smirnova Calderón y Kelttya López.
Además de las penas máximas, el tribunal impuso 30 meses de prisión a cinco militares que se acogieron a la figura de cooperadores eficaces, mientras que uno de los procesados fue declarado inocente y otro recibió una condena menor por su grado de participación.
El fallo se emitió tras 15 sesiones de audiencia, desarrolladas desde el 5 de noviembre de 2025, casi un año después de los hechos ocurridos la noche del 8 de diciembre de 2024. Las víctimas Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años fueron detenidos por una patrulla militar en el sur de Guayaquil y trasladadas a una zona aislada en los alrededores de Taura, en el cantón Naranjal.
Durante el juicio, la Fiscalía expuso testimonios, registros de mensajería y material audiovisual que evidenciarían maltratos físicos, amenazas y la simulación de una ejecución extrajudicial. Días después, el 24 de diciembre de 2024, los restos calcinados de los menores fueron encontrados en una zona de manglar de difícil acceso, a 11 kilómetros al sur de Taura.
Como parte de la sentencia, el tribunal dispuso una serie de medidas de reparación integral, entre ellas disculpas públicas en un medio de comunicación nacional, una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura, la colocación de una placa conmemorativa con los nombres de las víctimas y la implementación obligatoria de capacitaciones en derechos humanos para personal militar.
Estas capacitaciones deberán cumplir un mínimo de 120 horas anuales y estarán enfocadas en intervenciones con población civil, especialmente con niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. El caso Malvinas marca un precedente judicial en Ecuador y reabre el debate sobre la responsabilidad institucional, el control del uso de la fuerza y la protección de los derechos humanos, especialmente cuando las víctimas son menores de edad.
