Caso Caja Chica: Fiscalía investiga presunto ingreso de dinero extranjero a campañas

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INVESTIGACIÓN

La Fiscalía General del Estado ejecutó un operativo de alcance nacional en el marco del denominado Caso Caja Chica, una investigación que indaga presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y financiamiento político irregular.

Fiscalía ejecuta operativo nacional por presunto financiamiento político irregular en el Caso Caja Chica

Según informó la Fiscalía, la investigación se centra en la posible transferencia de dinero desde Venezuela que habría sido utilizada para financiar la campaña presidencial de 2023 en Ecuador. Las acciones se desarrollaron de manera coordinada con la Policía Nacional del Ecuador.

Como parte del operativo, se realizaron allanamientos en cuatro inmuebles, tres ubicados en la provincia de Pichincha y uno en Guayas, con el objetivo de recabar indicios, documentación y soportes digitales relacionados con el presunto ingreso y uso de fondos ilícitos en campañas políticas. Las autoridades aclararon que no se registraron detenciones durante la intervención.

Entre los inmuebles allanados consta la vivienda de Luisa González, excandidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana, así como las casas de la exsuperintendenta de Compañías Saud Manzur y del asambleísta por Pichincha Patricio Chávez.

De acuerdo con la Fiscalía, el dinero de origen ilícito habría sido canalizado para cubrir gastos de campaña, lo que constituye una posible infracción penal y electoral. Las investigaciones continúan con el análisis del material incautado.

Este proceso se suma a otros frentes abiertos. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) notificó a Luisa González por presuntas infracciones electorales relacionadas con la campaña de 2023. La denuncia fue presentada por Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), por un posible incumplimiento de las normas de financiamiento político.

Las autoridades señalaron que el caso se encuentra en fase investigativa, por lo que se garantizará el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas involucradas.

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