El concejal de Riobamba, Carlos Aulla, asegura haber detectado un presunto esquema de tráfico de tierras que involucraría a funcionarios del Registro de la Propiedad y a notarías públicas del cantón. El edil afirma que la documentación recopilada, evidenciaría irregularidades en el tiempo y un patrón que, de confirmarse, es un preocupante entramado de omisiones y posibles complicidades.
La denuncia formal fue presentada ante la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado, instancias que ahora deberán determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.
Según Aulla, durante meses se habrían ejecutado modificaciones en linderos, superficies y dimensiones de predios sin cumplir con el procedimiento técnico y legal que rige este tipo de actuaciones. En su versión, existiría un mecanismo mediante el cual ciertos actores privados habrían, presuntamente, alterado información catastral y registral con la anuencia o negligencia de operadores institucionales.
El concejal sostiene que mientras la mayoría de ciudadanos debe atravesar un proceso administrativo que incluye la aprobación de subdivisiones por parte del Municipio, la entrega obligatoria de áreas verdes, el pago de tasas y contribuciones, y la emisión de resoluciones con coordenadas oficiales, en ciertos casos se habrían generado subdivisiones directas desde notarías, partiendo de un lote matriz hacia sublotes con claves individuales, sin que conste la tramitación municipal previa.
En su pronunciamiento, Aulla cuestionó la aparente selectividad en la tramitación de expedientes. “Hay que preguntarse por qué ciertos trámites pasan con unas personas y con otras no”, manifestó, el señalamiento abre una discusión de fondo sobre la transparencia en los procesos registrales y notariales, y sobre los filtros internos que deberían impedir alteraciones irregulares en la configuración de predios urbanos o rurales.
