CÁRCELES
Las cárceles del Ecuador se han convertido en un espejo de la crisis de seguridad que atraviesa el país. En 2025, el sistema penitenciario alcanzó el mayor nivel de hacinamiento registrado en la última década: un 36 %, una cifra que no solo revela el colapso de la infraestructura, sino también el debilitamiento del control estatal frente a las organizaciones criminales que operan dentro y fuera de los centros de privación de libertad.
Hasta noviembre de este año, cerca de 37 mil personas permanecían recluidas en los 36 centros penitenciarios del país, pese a que la capacidad real es significativamente menor. El resultado es una sobrepoblación de más de 13 mil internos, hacinados en pabellones deteriorados, con escaso acceso a servicios básicos y bajo una constante amenaza de violencia.
El hacinamiento no es un fenómeno reciente. Entre 2017 y 2021, la sobrepoblación carcelaria superó el 30 %, un periodo en el que el sistema penitenciario empezó a perder el control interno. Las prisiones se transformaron en territorios disputados por bandas criminales, una realidad que estalló con crudeza en las masacres de 2021, que dejaron cientos de personas privadas de libertad asesinadas en enfrentamientos entre grupos rivales. Tras ese episodio, el Estado implementó medidas de emergencia: traslados masivos, declaratorias de excepción y el primer censo penitenciario del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
En 2022, estas acciones redujeron temporalmente el hacinamiento al 4 %, una cifra que fue cuestionada por expertos y organizaciones de derechos humanos. El problema reapareció con fuerza. En 2023, el hacinamiento volvió a subir al 13 %. Para finales de 2024, la población penitenciaria alcanzó los 33 mil internos, lo que representó una sobrepoblación del 21 %. Sin embargo, 2025 marcó un punto crítico. Datos del SNAI revelan que, hasta noviembre, los centros penitenciarios alojaban a casi 37 mil reclusos, con un hacinamiento del 36 %, el nivel más alto jamás reportado en el país.
En términos prácticos, esto significa celdas abarrotadas, pasillos ocupados como dormitorios improvisados y personas durmiendo en el suelo. Más allá de las cifras, el hacinamiento tiene consecuencias directas en la seguridad. Según especialistas, la sobrepoblación facilita el reclutamiento forzado por parte de bandas criminales que controlan los pabellones. Este fenómeno refuerza el poder de las organizaciones delictivas, que utilizan las cárceles como centros de planificación, financiamiento y expansión territorial.
El colapso del sistema penitenciario ya no es un problema aislado. El hacinamiento carcelario alimenta un círculo de violencia que se proyecta hacia el exterior: fortalece a las bandas, reproduce dinámicas criminales y debilita la seguridad ciudadana. Especialistas coinciden en que la solución pasa por una reorganización integral de los centros penitenciarios, una clasificación real de los internos, políticas de rehabilitación efectivas y una inversión sostenida en infraestructura y personal.
