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Los asambleístas por la provincia de Chimborazo, Kevin Gallardo y Michelle Machero, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, anunciaron el ingreso de una solicitud de examen especial ante la Contraloría General del Estado en relación con presuntas irregularidades en la administración 2024 de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. La acción responde a múltiples denuncias presentadas por oferentes y por la sociedad civil, en el marco de procesos de participación ciudadana y contratación pública.
Según informaron, se habrían identificado al menos catorce procesos de contratación con observaciones, en los que existirían patrones sistemáticos de descalificaciones arbitrarias y direccionadas, lo que podría configurar posibles responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales. Los legisladores señalaron que estas irregularidades podrían haber generado perjuicio económico al Estado.
Mancheno explicó que, en su rol de fiscalizadores, solicitaron información oficial a la empresa eléctrica; sin embargo, la documentación entregada habría sido incompleta, inconclusa y carente de informes técnicos y jurídicos, lo que, a criterio de los asambleístas, evidenciaría falta de transparencia y presunta ocultación de información relevante.
La solicitud formal presentada ante la Contraloría incluye tres cajas de documentación detallada, con el objetivo de que el organismo de control determine las responsabilidades correspondientes, de acuerdo con sus competencias. Los legisladores aclararon que el examen especial se enfoca exclusivamente en la administración del año 2024, a cargo del entonces gerente, el ingeniero Lalama, y no involucra a la actual administración.
Finalmente, los asambleístas reafirmaron su compromiso de no “hacer oídos sordos” a las denuncias ciudadanas y gremiales, reiterando que continuarán ejerciendo su labor de fiscalización en defensa de los intereses de los chimboracenses. Entre las observaciones señaladas constan la aceptación de documentación caducada, la exclusión de oferentes con observaciones subsanables y la adjudicación de contratos a propuestas de mayor valor económico.
