La Asamblea Nacional atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Concebida constitucionalmente como el principal contrapeso del poder Ejecutivo y como el espacio natural para el debate democrático, hoy es percibida por amplios sectores ciudadanos más como un escenario de cálculo político que como una institución al servicio del interés nacional.
En teoría, el Parlamento debe legislar con visión de Estado, fiscalizar sin revanchas y representar la pluralidad del país. En la práctica, sin embargo, la dinámica legislativa ha quedado atrapada en una lógica de bloques inestables, alianzas coyunturales y negociaciones opacas que responden más a intereses partidistas o personales que a una agenda clara de país. El resultado es una Asamblea errática, reactiva y, en muchos casos, desconectada de las urgencias sociales.
La fiscalización, pilar esencial del sistema democrático, se ha convertido con frecuencia en un arma selectiva. No se fiscaliza para corregir ni para transparentar, sino para presionar, desgastar o bloquear. Los juicios políticos avanzan o se archivan no por la solidez de las pruebas, sino por la conveniencia del momento. Así, el control político pierde legitimidad y se transforma en una herramienta de chantaje institucional.
En el ámbito legislativo, la situación no es menos preocupante. Proyectos clave para la seguridad, la economía o la generación de empleo quedan empantanados por disputas internas, cálculos electorales o pulsos de poder con el Ejecutivo. La incapacidad de construir consensos mínimos refleja una clase política más preocupada por posicionarse ante la próxima elección que por responder a una crisis estructural que exige decisiones urgentes y responsables.
Este comportamiento tiene un costo alto: la erosión de la confianza ciudadana. Cada sesión marcada por escándalos, ausencias injustificadas o enfrentamientos estériles profundiza la percepción de que la Asamblea vive de espaldas al país real. En un contexto de inseguridad, precariedad económica y desgaste institucional, la ciudadanía observa con creciente escepticismo a un Legislativo que parece discutirlo todo, excepto lo esencial.
No se trata de anular el disenso ni de exigir obediencia ciega al Ejecutivo. El contrapeso democrático es indispensable. Pero cuando la Asamblea confunde oposición con obstrucción y fiscalización con revancha deja de cumplir su rol histórico. Se necesita una Asamblea que entienda la gravedad del momento, que legisle con responsabilidad y fiscalice con rigor técnico, no con cálculo político.
