Asamblea fiscalizará actuaciones de Pabel Muñoz por compra de trolebuses

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POLÍTICA

El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador resolvió este martes 20 de enero de 2026 fiscalizar las actuaciones del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, en los procesos de contratación pública y gestión administrativa vinculados a la compra de 60 trolebuses eléctricos. La resolución recibió 79 votos afirmativos y activó un control político desde la Función Legislativa.

La Asamblea Nacional anunció la fiscalización a Pabel Muñoz por la compra de los trolebuses nuevos de Quito.

La decisión ordena que la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana inicie un proceso integral de fiscalización sobre el accionar del alcalde y de las autoridades de las empresas públicas metropolitanas involucradas en la adquisición.

También se dispone la remisión de la resolución al Concejo Metropolitano de Quito y al Alcalde Metropolitano para los fines legales correspondientes.

El Pleno precisó que el proceso se sustenta en las atribuciones de fiscalización y control político que reconoce la Constitución a la Asamblea.

También aclaró que el control no invade competencias de otras funciones del Estado y se enmarca en la revisión de decisiones administrativas y contractuales adoptadas desde el ámbito municipal.

Durante la sesión, el asambleísta Xavier Ordóñez, proponente de la iniciativa, expuso observaciones de la Contraloría General del Estado relacionadas con la compra de los trolebuses.

Según lo señalado, esos informes incluyen indicios de responsabilidad penal y glosas por millones de dólares. El proceso de adquisición bordeó los 35 millones de dólares.

Ordóñez sostuvo que la fiscalización apunta a revisar un modelo de contratación pública que utiliza recursos estatales, y no a una sanción personal. En ese marco, el control se centra en la forma en que la administración municipal condujo el proceso.

Los asambleístas Luigi García y Adrián Castro, de ADN, coincidieron en la necesidad de asegurar contrataciones transparentes, responsables y apegadas a la ley, especialmente cuando se trata de recursos que provienen de impuestos y contribuciones ciudadanas./El Comercio

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