Por: Nathalie Arias
Nuevamente nos encontramos en el año antes de las elecciones, en esta ocasión las seccionales previstas para el inicio de 2027. Con esto en mente y con las reformas más recientes al Código de la Democracia de 2025 cabe preguntarse si estos últimos cambios nos ofrecen más transparencia, mecanismo para escoger mejores perfiles o tal vez partidos más fortalecidos.
Las reformas a las que me refiero son aquellas que cambiaron la forma de asignación de escaños en la Asamblea Nacional. Si bien en este punto se concentró el debate fuera y dentro del Legislativo, también se evidencian otro tipo de cambios mucho menos difundidos. Por ejemplo, la eliminación de la prohibición que tenían los jueces electorales de participar en los procesos de selección de sus reemplazos.
Más allá de aquello, uno de los puntos más relevantes a mi criterio son las reformas relacionadas con el financiamiento a las organizaciones políticas. Aquel que provenga de fondos públicos y el que sea obtenido por fondos privados y lícitos. Ambos.
Es importante mencionar que además de mejorar la redacción del artículo se agrega la obligatoriedad de registrar no solo la contabilidad propia de una campaña sino de aquellos movimientos contables anuales que de ordinario existen. El control no es nuevo, pero se va perfeccionando.
Cabe mencionar que legalmente hablando las organizaciones políticas son públicas pero no estatales. Es un tipo bastante particular de forma de organización. Y se entiende porque no existe otro vehículo para llegar al poder y ejercerlo en democracia. Al menos no de forma legítima.
Hoy resulta indispensable mantener un ojo siempre en la licitud y procedencia de los recursos con los que algunos ejercen la democracia y otros la pervierten debilitando el sistema en su conjunto. Lo primero es tema de todos los ciudadanos por responsabilidad y participación. Lo segundo mucho más del árbitro electoral y de la justicia ecuatoriana y de las cuentas que deberán rendir ante los ecuatorianos.
