Una reforma a la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario plantea que las personas privadas de libertad realicen actividades laborales dentro de los centros de rehabilitación social, con el objetivo de contribuir al financiamiento de sus necesidades básicas durante su permanencia en prisión.
La propuesta forma parte del informe para segundo debate aprobado por la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional el miércoles 11 de marzo de 2026, durante una sesión realizada en la Universidad Ecotec, en Samborondón, provincia del Guayas.
El planteamiento fue presentado por el asambleísta Andrés Castillo, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), quien argumentó que el sistema penitenciario debe incorporar un régimen laboral y productivo para los internos, orientado a fomentar la rehabilitación social y permitir que los reclusos generen recursos para su propio sustento.
De acuerdo con la propuesta, las personas privadas de libertad deberían participar en actividades productivas dentro de los centros carcelarios, lo que permitiría cubrir parte de sus gastos mientras cumplen sus condenas.
El proyecto establece que, en un plazo máximo de 36 meses, el Sistema Nacional de Rehabilitación Social deberá implementar una política pública de trabajo interno para los reclusos, en el marco del derecho a la rehabilitación social y respetando las garantías establecidas en la Constitución.
La propuesta forma parte de un proyecto de reformas más amplio presentado en 2024 por la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad. El plan contempla cambios en seis leyes relacionadas con el sistema de seguridad y justicia del país.
Entre ellas se encuentran el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, así como las leyes de seguridad social de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas./El Comercio
