En Ecuador, como en gran parte de América Latina, la desigualdad de oportunidades es un problema estructural que limita el desarrollo humano, perpetúa la pobreza y rompe el principio fundamental de justicia social.
No es lo mismo nacer en una familia con acceso a educación de calidad, salud o tecnología, que crecer en una comunidad sin servicios básicos, sin docentes estables o sin empleo digno. Desde los primeros años de vida, miles de ecuatorianos arrastran una brecha que no se cierra. Porque cuando el punto de partida es tan desigual, hablar de igualdad de condiciones se vuelve una ilusión.
Las estadísticas lo confirman. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), más del 40% de los niños y adolescentes ecuatorianos vive en situación de pobreza multidimensional, lo que significa que no solo carecen de ingresos, sino también de educación, salud, vivienda digna o acceso a servicios básicos. Este escenario condiciona no solo el presente de millones de personas, sino también su futuro.
Frente a esta realidad, no basta con reconocer el problema: hay que actuar con políticas públicas sostenidas, integrales y valientes. Invertir en educación inicial, garantizar alimentación escolar, ampliar la cobertura de salud, asegurar conectividad digital, y generar empleo digno son condiciones mínimas para igualar oportunidades para todos. Cerrar la brecha no es regalar; es devolver derechos.
Además, se necesita una visión de largo plazo. No se trata solo de combatir la pobreza con bonos, sino de romper el ciclo intergeneracional de la desigualdad. Cada niño que logra terminar sus estudios, cada joven que accede a una beca, cada emprendedor que encuentra apoyo, es una muestra de que el cambio es posible cuando existe voluntad política y compromiso social.
Cerrar la brecha de oportunidades no es una tarea de un solo gobierno, ni de una sola institución. Es un desafío ético que nos involucra a todos: Estado, sector privado, academia, medios de comunicación y ciudadanía. Como sociedad, debemos exigir que la justicia social no sea un eslogan vacío, sino una política viva. Debemos involucrarnos, fiscalizar, votar con conciencia, apoyar proyectos sociales y educar a las nuevas generaciones en valores de equidad. La participación ciudadana informada es tan importante como cualquier ley.
La pregunta no es si podemos cerrar la brecha, sino si estamos dispuestos a hacerlo.
