Presidenta de la Corte de Justicia de Pastaza, pide a la ciudadanía organizarse

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DELINCUENCIA

En rueda de prensa, la presidenta de la Corte Provincia de Justicia de Pastaza, Tania Massón, se pronunció respecto al auge delincuencial que se vive en algunas provincias de Ecuador y particularmente en Pastaza. Mencionaron el requerimiento de reformas a las leyes como al Código de Procedimiento Penal, mayor información y claridad; así como la organización de la sociedad para hacer frente a la delincuencia, que está causando temor y zozobra en la ciudadanía y entidades.

Tania Massón, presidenta de la Corte de Justicia de Pastaza.

Massón manifestó que, frente a los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas como detonaciones, muertes a bala, extorciones y otros delitos, la ciudadanía se encuentra atemorizada y este sentimiento de miedo también puede afectar a los servidores judiciales, por lo que se ha pedido a la Policía la seguridad para los 16 jueces, especialmente a los jueces penales.

Aunque no se han dado casos de amenazas a los servidores judiciales, si ha existido el caso directo con un fiscal. “Este temor se hace más visible en la ciudadanía que ya no quiere salir a la calle a ciertas horas de la noche. De ahí la importancia de organizarse, por barrios, por manzanas, por calles; y actuar junto a las autoridades de seguridad”, subrayó la magistrada.

Respecto a la administración de justicia dijo que se actúa de acuerdo a los procedimientos, citando el caso del detenido la semana pasada en la Costa, un líder de una banda delincuencial que fue tipificado por delito de tenencia de arma, mismo que cuenta con 14 detenciones anteriores. De manera que el juez en casos de portar arma, no se puede ordenar detención.

La titularidad de la acción penal le corresponde a la Fiscalía, que debe señalar con precisión la tipificación para que el administrador de justicia pueda aplicar la sentencia correcta. No descartó que también haya desconfianza en el sistema judicial.

Además, señaló que desde la mesa de Justicia se ha propuesto reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y del Código Integral Penal (COIP).

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