La justicia impuso la pena más alta contemplada en la legislación ecuatoriana para un caso que conmocionó a la ciudad de Riobamba. Un Tribunal de Garantías Penales sentenció a cuarenta años de prisión a Dayerson L., tras comprobarse su responsabilidad en el asesinato de un ciudadano, perpetrado con arma de fuego en marzo de 2025, en la ciudadela Modesto Arrieta. El hecho, que además dejó a una mujer herida, generó alarma en el sector y motivó un amplio operativo investigativo que culminó con la captura del implicado.
La decisión judicial se sustentó en el conjunto de pruebas presentadas por Fiscalía, que permitió reconstruir la dinámica del crimen y demostrar la participación directa del ahora sentenciado.
Los hechos ocurrieron el 18 de marzo de 2025, cuando la víctima se encontraba en los exteriores de su domicilio, retirando una camioneta del garaje en compañía de su hermana. Según la investigación, la alerta ingresó al sistema ECU 9-1-1, lo que movilizó de inmediato a personal especializado de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) hasta las calles Valencia y Villarrica. Al arribar, los agentes se encontraron con una escena violenta: dentro del vehículo estaba el cuerpo sin vida del conductor, quien presentaba múltiples heridas provocadas por impactos de bala.
A pocos metros, su hermana resultó herida tras intentar intervenir durante el ataque. Las primeras diligencias permitieron establecer que dos sujetos llegaron al sitio a bordo de una motocicleta. De acuerdo con los testimonios recabados, Dayerson L. descendió del vehículo y, de manera sorpresiva y violenta, disparó contra la víctima.
En medio del ataque, la mujer forcejeó con el agresor con el objetivo de evitar el crimen, pero resultó lesionada. Tras el hecho, los atacantes huyeron del lugar, dejando consternación entre los moradores del sector. La investigación avanzó con el levantamiento de indicios y la recopilación de información técnica. Las cámaras de seguridad ubicadas en calles aledañas fueron clave para identificar a los sospechosos, determinar sus características físicas y reconstruir la ruta de escape.
Además, los testimonios de testigos reforzaron las hipótesis de los investigadores. Con estos elementos, la Policía Nacional ejecutó un operativo que permitió ubicar al sospechoso en un inmueble donde se ocultaba. Al tratarse de un delito flagrante, los uniformados ingresaron al domicilio y procedieron con su aprehensión.
Durante el procedimiento se encontraron varias evidencias vinculadas al crimen, entre ellas un arma de fuego y tres motocicletas que habrían sido utilizadas en la ejecución del ilícito.
PRUEBAS CONTUNDENTES
Durante la audiencia de juicio, el fiscal de la Unidad de Personas y Garantías No. 2 presentó múltiples elementos probatorios. Tras valorar las pruebas, los magistrados concluyeron que Fiscalía demostró la responsabilidad penal del acusado, dictando la pena máxima de cuarenta años de prisión por el delito de asesinato agravado. Además, el tribunal dispuso el pago de una reparación integral a favor de los familiares de la víctima.
