La Fiscalía General del Estado se pronunció para desmentir y aclarar versiones difundidas en redes sociales respecto a la asistencia penal internacional solicitada al Reino de España dentro de la investigación por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
De acuerdo con el organismo, en el desarrollo de la investigación surgieron indicios que vinculan a Wilmer Ch., conocido como alias “Pipo”, por lo que el 25 de noviembre de 2025 se gestionó, mediante mecanismos de cooperación internacional, la notificación y toma de versión del implicado, como parte de las diligencias previas a una posible vinculación formal en el proceso.
La institución detalló que el 12 de marzo de 2026, autoridades judiciales españolas realizaron una consulta a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía ecuatoriana, en relación con un pedido presentado por la defensa de alias “Pipo”, que buscaba acceder a copias de su testimonio y al registro de audio de dicha diligencia.
Frente a este requerimiento, la fiscal del caso, Ana Hidalgo, respondió el 13 de marzo negando la entrega de la información, argumentando la aplicación del principio de especialidad, el cual establece que los datos obtenidos mediante asistencia penal internacional solo pueden ser utilizados para los fines específicos para los que fueron solicitados.
No obstante, la Fiscalía aclaró que esta postura no limita la facultad de las autoridades judiciales españolas para tomar una decisión conforme a su legislación interna, dejando en manos del sistema judicial del Reino de España la resolución sobre la eventual entrega de la documentación requerida.
Finalmente, la Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso con la transparencia, el debido proceso y la búsqueda de la verdad, exhortando a la ciudadanía a informarse a través de fuentes oficiales.
