Un operativo ejecutado por la Fiscalía y la Policía Nacional en el centro de la ciudad dejó como resultado la aprehensión de un ciudadano que ahora enfrenta un proceso penal por presunto tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alta escala. El procesado, identificado como Deivys L., permanece con prisión preventiva por disposición del juez de turno, luego de que la Fiscalía presentara los elementos de convicción durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos.
Según la información expuesta por el fiscal del caso, la investigación se sustenta en varios indicios, entre ellos la autorización judicial para labores de seguimiento y vigilancia, informes policiales investigativos, reportes de verificación y pesaje de las sustancias incautadas, así como el análisis químico correspondiente y el reconocimiento del lugar de los hechos.
El caso se originó tras un allanamiento ejecutado el 10 de marzo de 2026 en un inmueble ubicado en las calles Mariana de Jesús y Pedro Bedón, en el centro de Riobamba. La diligencia se realizó luego de que las autoridades recibieran un parte policial que alertaba sobre la presunta presencia de droga almacenada en ese domicilio.
Durante el operativo, los agentes ingresaron al inmueble y en uno de los dormitorios —que presuntamente era utilizado por el ahora procesado— encontraron sustancias de color verde y beige, además de dos balanzas digitales y teléfonos celulares.
Tras realizar el pesaje y la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), las autoridades determinaron que las sustancias correspondían a 2,647 kilogramos de marihuana y 1,763 kilogramos de cocaína. Con estos indicios, el ciudadano fue aprehendido en delito flagrante y puesto a órdenes de la autoridad judicial.
Luego de analizar los elementos presentados por la Fiscalía, el juez dispuso prisión preventiva y el inicio de la instrucción fiscal por 30 días, al tratarse de un presunto delito flagrante.
El delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alta escala está tipificado en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla penas que van de 19 a 22 años de privación de libertad, en caso de comprobarse la responsabilidad penal del procesado.
