Un operativo interinstitucional ejecutado en el cantón Chambo, provincia de Chimborazo, permitió desarticular un canal clandestino de comercialización de carne que operaba al margen de la ley, poniendo en riesgo la salud de la población. La intervención fue liderada por la Intendencia General de Policía, en coordinación con AGROCALIDAD, el Cuerpo de Bomberos de Chambo y otras autoridades locales, este 13 de marzo y culminó con el decomiso de 1.360 kilos de carne, la destrucción del producto y la clausura del establecimiento donde se manipulaba y distribuía la carne ilegal.
Según las autoridades, el operativo se planificó tras recibir denuncias ciudadanas sobre la venta de carne sin control sanitario. Durante la inspección, los agentes verificaron irregularidades en almacenamiento, transporte y manipulación del producto, detectando que la carne no contaba con las condiciones necesarias para su consumo.
Ante estos hallazgos, se procedió a retirar la totalidad de los productos, asegurar el lugar y destruir de forma controlada la carne incautada para evitar riesgos de salud pública. El decomiso incluyó cortes de carne de diferentes tipos, algunos almacenados en condiciones insalubres y sin etiquetado adecuado.
El operativo también permitió identificar a los responsables del camal clandestino, así como los métodos de distribución utilizados, información que será utilizada para continuar con la investigación y prevenir futuros ilícitos.
Representantes de la Intendencia General de Policía destacaron la importancia de este tipo de controles para garantizar la seguridad alimentaria y proteger a la ciudadanía, especialmente en productos de alto riesgo como la carne. Por su parte, funcionarios de AGROCALIDAD indicaron que la acción contribuye a reforzar los estándares sanitarios y evitar la comercialización de alimentos que puedan afectar la salud de los consumidores.
Durante el operativo también participaron inspectores de salud y seguridad alimentaria, quienes supervisaron la correcta destrucción de la carne y la clausura del establecimiento, asegurando que no se produjeran daños al medio ambiente y que se cumplieran los protocolos legales. La intervención forma parte de un plan permanente de control y fiscalización de alimentos, que busca detectar irregularidades y sancionar a quienes comercialicen productos sin cumplir con las normativas vigentes.
