Por: Alfonso Espín
Hay una mala maña en los tiempos actuales: denominar a todo lo que no nos gusta como inconstitucional, para entonces pretender cerrar el diálogo y, aunque no existan razones, hacerse las víctimas y los guardianes de la Constitución.
No solamente se actúa con esa argucia, sino politizando los hechos, para hacer una “plataforma de lucha” y, con o sin argumentos, lograr lo que conviene tal o cual interés.
Esto está pasando con todas las acciones que el Gobierno nacional pretende tomar, lo que significa una burda manera de boicot por parte de la oposición. Nadie quiere ponerse la camiseta del país, cuanto seguir lucrando de sus puestos, empleando amigos y gastando a gusto los fondos públicos en festejos y todo tipo de tropelías que también les significan “jugosos extras” a ciertas autoridades y funcionarios seccionales.
Este es el caso de la Ley de eficiencia en el gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que, en concreto, propone que los GAD destinen al menos el 70% del presupuesto de inversión a mantenimientos y reposición de infraestructuras y servicios públicos, dejando un 30% para gasto corriente, pues se han generalizado los casos en que los municipios, prefecturas o juntas parroquiales, inflan las nóminas y las asignaciones estatales se van en el pago de empleados y lo que es peor en gastos superfluos, como la contratación de artistas para shows con motivo de celebraciones en las fiestas de estas entidades.
No solamente deberían los GAD utilizar eficientemente los recursos públicos, sino también el Gobierno central, pues recordemos que en las épocas correístas el Estado llegó a tener una cuarentena de ministerios, lo que le convirtió al Gobierno de esos tiempos, en el más grande empleador, pero el país lo que necesita es la inversión en obras públicas, el mantenimiento de vías y la dotación de servicios a la población, con la menor cantidad de funcionarios, y así poder hablar verdaderamente de gobiernos descentralizados eficientes y al servicio de la ciudadanía, de lo contrario todo es politiquería y los alcaldes, prefectos o presidentes de las diferentes juntas parroquiales, llegan a sus dignidades para pagar con cargos públicos a los militantes de sus partidos.
No faltarán los discursos del señor Muñoz, alcalde Quito, o la señora Pabón, prefecta de Pichincha, tratando de confundir a la ciudadanía y hasta de asustarla, sentenciando la desvinculación de trabajadores o el cierre de ciertas “obras sociales”, que según ellos se verían sin fondos, pero no contará Pabel Muñoz que puso en marcha un proceso de contratación por $1,5 millones para pauta publicitaria, como si fuese fundamental darse fama, en lugar de atender las necesidades prioritarias de tanto barrio marginal en Quito.
O la señora Pabón que inauguró en mayo de 2022 un mural conmemorativo por el Bicentenario de la Batalla de Pichincha con un costo aproximado de $480,000 dólares, lo que significaba el 0,4% de presupuesto de toda la Prefectura.
Francamente cuando llegaron a sus cargos lo primero que debían es no incrementar funcionarios y recortar los gastos destinados a festejos como el que se pretendía en las fiestas de Quito, al querer contratar un cantante por una cifra de 1 millón de dólares, y así una serie de arbitrariedades con fondos públicos que en nada le benefician a la población.
El país necesita seriedad y honestidad en el gasto de sus recursos, por eso felicitamos esta iniciativa de Ley, pero también esperamos señor presidente Noboa, que así como quiere ordenar los gastos disparatados de los GAD, se ocupe, personalmente, en la solución de las condiciones de la salud en los hospitales públicos y del IESS, pues los usuarios padecen a diario por la falta insumos, medicinas, requerimientos médicos de todo tipo, y esto es un imperativo ciudadano.
