En el sector La Inmaculada, al sur de Riobamba, una planta procesadora de lácteos fue clausurada tras un operativo de control que reveló un escenario alarmante: infraestructura deteriorada, materia prima contaminada y productos elaborados sin respaldo sanitario vigente. La intervención estuvo liderada por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Agrocalidad y el Servicio de Rentas Internas (SRI).
El objetivo fue claro: verificar que las plantas lácteas cumplan con las normas que garantizan alimentos seguros para la población.
Durante la inspección técnica, los funcionarios constataron condiciones que encendieron las alertas sanitarias.
Se identificó infraestructura en mal estado, con presencia de óxido; mallas de protección rotas que facilitaban el ingreso de vectores; y, lo más grave, materia prima contaminada con plagas.
A esto se sumó la elaboración de productos con notificación sanitaria vencida, una infracción directa a la normativa vigente.
Según los informes levantados en sitio, estas falencias no solo vulneran los estándares de calidad, sino que representan un riesgo real para los consumidores, al tratarse de alimentos de consumo masivo y diario.
Frente a la gravedad de los hallazgos, Arcsa dispuso la clausura inmediata del establecimiento, medida que se mantendrá hasta que el responsable implemente acciones correctivas verificables y cumpla estrictamente con las disposiciones sanitarias.
Las autoridades recalcaron que no se permitirá la reapertura mientras persistan riesgos para la salud pública. El operativo también dejó un mensaje contundente al sector productivo: los controles continuarán y serán más rigurosos.
“La seguridad alimentaria no es negociable”, insistieron los técnicos, al recordar que la cadena láctea exige condiciones estrictas desde la recepción de la materia prima hasta la distribución del producto final.
Desde las entidades participantes se subrayó que estos operativos buscan prevenir enfermedades y proteger a la ciudadanía.
La coordinación interinstitucional permite, además, verificar el cumplimiento de obligaciones sanitarias, productivas y tributarias, cerrando el cerco a prácticas irregulares que ponen en riesgo a los consumidores.
