El primer contacto ya no ocurre en la calle ni en una esquina oscura. Hoy, el crimen organizado toca la puerta de la infancia ecuatoriana a través de una notificación, un video sugerido o un mensaje aparentemente inofensivo. En ese escenario silencioso donde el algoritmo decide qué se ve y qué se desea, el Estado ecuatoriano intenta marcar un punto de quiebre: llevar la ciberseguridad a las aulas como una herramienta de prevención frente al reclutamiento infantil.
En febrero de 2026, el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó con 82 votos la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad. La norma, que ahora está en manos del Ejecutivo, no solo redefine la arquitectura de seguridad digital del país, sino que introduce un giro clave: convertir la educación digital en un eje obligatorio del sistema educativo para proteger a niños y adolescentes de las redes criminales.
Durante el debate legislativo, la asambleísta Inés Alarcón, ponente del proyecto, expuso una cifra que marcó el tono de la discusión: el 23 % de niños y niñas de entre 9 y 10 años estaría siendo reclutado por estructuras delictivas. No se trata de un fenómeno aislado, sino de una tendencia que se expande al ritmo del acceso temprano a dispositivos móviles y redes sociales. Para Alarcón, la respuesta no podía limitarse a controles tecnológicos. “La seguridad debe entenderse de manera integral”, señaló, al defender la incorporación de contenidos de ciberseguridad en las mallas curriculares como parte de una estrategia más amplia de reconstrucción del tejido social, apoyada en la educación, la cultura y el deporte.
Las organizaciones criminales han aprendido a moverse con soltura en el entorno digital. Plataformas como TikTok y WhatsApp se han convertido en canales habituales de contacto con menores de edad, según estudios recientes. Una investigación elaborada por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) y el Observatorio del Crimen Organizado revela que, entre 2.948 niños y adolescentes encuestados, el 33 % indicó que el acercamiento a grupos delictivos se dio por medio de amigos, mientras que cerca del 24 % señaló a las redes sociales como el principal canal de contacto.
Para María José Escobar, gerente del programa Comunidades Seguras de PADF, estas cifras representan una alerta temprana. “El Estado debe adelantarse a lo que ya viven los adolescentes. Ellos conocen las plataformas y también los discursos que circulan en ellas”, advierten. Varios expertos sostienen que las redes sociales se han convertido en la segunda fuente más importante de reclutamiento juvenil en Ecuador, con dinámicas similares a las observadas en México. Su investigación sobre TikTok muestra que el 85 % de quienes consumen contenido vinculado al reclutamiento tiene menos de 25 años. El mecanismo es progresivo. Primero aparecen videos que exhiben lujo, poder y reconocimiento social. Luego, el contenido se vuelve más explícito. El algoritmo amplifica el mensaje y normaliza la violencia. “Es una estrategia conocida como ‘narcomarketing’, que romantiza el estilo de vida criminal y engancha emocionalmente a los jóvenes”, explican.
Especialistas coinciden en que la ley representa un avance necesario, pero insuficiente por sí solo. La ciberseguridad sigue siendo un campo incipiente en Ecuador y su éxito dependerá de la calidad de la enseñanza, la formación docente y el rol de las familias en el acompañamiento digital. Mientras el crimen organizado perfecciona sus métodos en el mundo virtual, el país apuesta por una defensa temprana: enseñar a los niños a reconocer el peligro antes de que el mensaje llegue. En la era del algoritmo, la prevención ya no empieza en la calle, sino en el aula.
La respuesta desde las aulas
El proyecto contó con el respaldo del sector tecnológico y del Ejecutivo. Sin embargo, fuera del hemiciclo, organizaciones de derechos digitales y sectores de la oposición han expresado preocupaciones sobre el riesgo de una vigilancia excesiva y el uso político de la normativa, especialmente en un contexto de contratos estatales con empresas de análisis de datos como Palantir Technologies.
La nueva ley introduce reformas directas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). A partir de su vigencia, el currículo nacional deberá incluir contenidos obligatorios sobre seguridad digital, protección de datos y ciberseguridad, con énfasis en la prevención de riesgos como ciberacoso, grooming, sexting y desinformación.
Además, la normativa dispone programas de capacitación específicos para docentes y personal educativo, reconociendo que la prevención no será efectiva sin profesionales preparados para identificar amenazas digitales y acompañar a los estudiantes en entornos virtuales cada vez más complejos.
También se establecen protocolos de prevención y respuesta frente a la violencia digital, que incluyen rutas de denuncia seguras, identificación temprana de riesgos y coordinación con las autoridades para la protección de las víctimas.
Más allá del ámbito educativo, la ley diseña una estructura estatal para enfrentar amenazas digitales de carácter transnacional. Se ratifica al Ministerio de Telecomunicaciones como ente rector, se crea el Catálogo Nacional de Infraestructura Crítica Digital y se obliga a notificar incidentes relevantes en un plazo máximo de 72 horas.
Por primera vez, además, se regula el hacking ético bajo condiciones estrictas y se introduce la obligación de actualizar mecanismos de seguridad frente a amenazas emergentes, como la computación cuántica, siguiendo estándares internacionales.
