Este 20 de febrero, la Asamblea Nacional aprobó con 77 votos afirmativos la nueva ley para Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), una normativa enviada por el Ejecutivo como proyecto económico urgente que introduce la regla fiscal 70/30 y redefine la forma en que alcaldías y prefecturas administrarán sus presupuestos en Ecuador.
La reforma, debatida intensamente en segundo y definitivo tratamiento en el Pleno legislativo, establece que al menos el 70 % de los recursos de los GAD deberá destinarse a inversión pública —como obras, infraestructura, vialidad, agua potable y servicios básicos— mientras que el gasto corriente, que incluye sueldos administrativos y funcionamiento institucional, no podrá superar el 30 %.
El oficialismo defendió la medida como un mecanismo para mejorar la eficiencia del gasto estatal y asegurar que los fondos provenientes del Presupuesto General del Estado se traduzcan en proyectos de impacto directo para la ciudadanía. Según sus promotores, la normativa también apunta a fortalecer la transparencia fiscal y frenar el crecimiento excesivo de nóminas en ciertos gobiernos locales, sin afectar la autonomía seccional, ya que establece parámetros de responsabilidad financiera y control.
La votación se desarrolló en un ambiente de posturas divididas. Legisladores afines al Gobierno calificaron la ley como una herramienta clave de ordenamiento presupuestario, mientras sectores de oposición advirtieron que podría limitar la operatividad de municipios con estructuras administrativas reducidas o necesidades particulares. El debate incluyó intervenciones técnicas y políticas centradas en la sostenibilidad fiscal y la correcta ejecución del gasto público.
Especialistas en finanzas públicas señalan que la aplicación de la regla supondrá ajustes inmediatos en la planificación anual de alcaldías y prefecturas. Aquellos gobiernos locales con altos niveles de gasto corriente deberán reorganizar sus estructuras internas, redistribuir recursos o priorizar proyectos de inversión.
En territorios con fuerte dependencia de transferencias estatales, el impacto se percibirá con mayor rapidez. Tras la aprobación, asociaciones municipales expresaron inquietudes sobre la implementación técnica de la norma, argumentando que las realidades territoriales son distintas y que ciertos niveles de gasto corriente responden a necesidades operativas esenciales.
Desde el Ejecutivo, en cambio, se sostiene que la ley incluye mecanismos de seguimiento que permitirán evaluar resultados y garantizar su cumplimiento sin comprometer la gestión local.
