La noche en Lisboa reavivó una herida que el fútbol arrastra desde hace años, la persistencia del racismo bajo el ruido de un estadio copado que termina siendo la cortina ante un hecho en contra de un actor reiterado. Gianluca Prestianni, joven argentino al servicio del Benfica, negó haber dirigido insultos racistas contra Vinicius Júnior, durante el compromiso en el Estádio da Luz.
La denuncia se produjo apenas iniciado el segundo tiempo. Tras el gol que adelantó al conjunto español, Vinicius acudió de inmediato al árbitro francés François Letexier para advertir que había sido objeto de un comentario de tinte racista.
El colegiado activó el protocolo antirracismo de la UEFA, detuvo el partido y durante varios minutos el juego quedó suspendido.
Horas después del encuentro, Prestianni difundió un mensaje en sus redes sociales. En él sostuvo que en ningún momento profirió insultos racistas y que lo sucedido fue una malinterpretación.
Aseguró que jamás ha tenido conductas discriminatorias y lamentó haber recibido amenazas tras el incidente.
En el fútbol contemporáneo, una acusación de racismo no puede despacharse como un malentendido. Tampoco una negación pública basta para disipar dudas.
Lo que ocurrió en el minuto 51 fue suficiente para activar uno de los mecanismos más sensibles del reglamento europeo.
Desde 2009, la UEFA estableció un protocolo, ante una denuncia de conducta racista, el árbitro puede detener el juego y ordenar un anuncio por megafonía; si el comportamiento persiste, suspender temporalmente el partido y enviar a los equipos a los vestuarios; y, en última instancia, darlo por terminado.
La medida, aplicada con frecuencia en la última década, pretende instaurar un mensaje de que el racismo no es tolerable bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, cada activación del protocolo expone la fragilidad del sistema, porque sitúa a todos -jugadores, árbitros, aficionados, instituciones-, ante una disyuntiva inmediata y delicada.
