Con pedido de prisión preventiva para diez de los once procesados, la Fiscalía General del Estado avanzó en el denominado Caso Goleada, que involucra a Aquiles Álvarez, sus dos hermanos y otras ocho personas por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

La madrugada de este miércoles 11 de febrero se instaló la audiencia de formulación de cargos en el Complejo Judicial Norte de Quito, en medio de expectativa pública y fuerte resguardo policial.
Durante la diligencia, el Ministerio Público pidió prisión preventiva para diez de los once procesados, argumentando la gravedad de los hechos investigados y la presunta existencia de una estructura organizada.
Para el undécimo implicado, la Fiscalía solicitó arresto domiciliario, debido a que se trata de una persona de la tercera edad, en aplicación de las disposiciones legales vigentes.
El caso tomó fuerza el martes, cuando la Fiscalía ejecutó 11 órdenes de detención mediante allanamientos en Guayaquil y Samborondón, provincia del Guayas. Entre los capturados constan Aquiles, Antonio y Xavier Álvarez, miembros de una familia reconocida en el ámbito empresarial y vinculada al entorno deportivo del Barcelona SC.
Según el Ministerio Público, la investigación apunta a la presunta conformación de una estructura criminal que habría instrumentalizado un entramado empresarial para el cometimiento de delitos relacionados con lavado de activos y defraudación tributaria.
En audiencia, la Fiscalía sostuvo que existen elementos de convicción suficientes que justificarían la medida cautelar más severa, al considerar riesgos procesales como posible obstaculización de la investigación o peligro de fuga. La entidad enfatizó que la prisión preventiva es necesaria para garantizar la comparecencia de los procesados durante el desarrollo del proceso penal.
Las defensas, por su parte, anunciaron que ejercerán su derecho a la contradicción y que presentarán los recursos legales correspondientes frente a las medidas solicitadas.
El Caso Goleada ha generado un fuerte remezón en la política y el sector empresarial del país debido al perfil público de algunos de los implicados. La decisión judicial sobre la prisión preventiva marcará el rumbo inicial de un proceso que podría extenderse por varios meses mientras avanzan las investigaciones.
La causa se encuentra en etapa inicial y la Fiscalía no descarta nuevas diligencias conforme se analicen los elementos recabados en los allanamientos.










