RIOBAMBA
Un docente universitario enfrenta un proceso penal por el presunto delito de abuso sexual, luego de que la Fiscalía General del Estado formulara cargos en su contra durante una audiencia desarrollada en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia de Riobamba. El juez que conoció la causa consideró que existen elementos suficientes para iniciar la investigación y dispuso medidas sustitutivas a la prisión preventiva, además de acciones de protección a favor de la presunta víctima.
El procesado, quien se desempeñaba como docente de la asignatura Química II en una institución de educación superior de la ciudad. Como parte de las medidas cautelares, la autoridad judicial ordenó la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la judicatura competente, mientras avanza la instrucción fiscal.
Durante la audiencia, realizada el jueves 29 de enero, el fiscal de la Unidad de Violencia de Género No. 2 informó que la investigación se inició en febrero de 2024, tras la denuncia presentada por una joven de 19 años, quien señaló haber sido víctima de un presunto abuso en un contexto vinculado a actividades académicas.
De acuerdo con la versión expuesta por el Ministerio Público, los hechos investigados se habrían registrado la noche del 21 de febrero de 2024. Tras la denuncia, la Fiscalía activó los protocolos correspondientes para este tipo de casos y abrió una investigación previa que permitió recabar información relevante.
Para sustentar la formulación de cargos, la Fiscalía presentó varios elementos de convicción, entre ellos el testimonio anticipado de la denunciante, informes periciales, el reconocimiento del lugar de los hechos, una evaluación psicológica, la versión rendida por la madre de la joven y otras actuaciones investigativas relacionadas con el procesado.
Según se indicó en la diligencia, estos elementos permitieron establecer indicios suficientes para que el juez disponga el inicio del proceso penal, sin que ello implique un pronunciamiento anticipado sobre la responsabilidad del acusado, en respeto al principio de presunción de inocencia.
De forma paralela, la autoridad judicial dispuso medidas de protección a favor de la joven, con el objetivo de garantizar su integridad y evitar cualquier tipo de revictimización durante el desarrollo del proceso. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, periodo en el que se continuará con la recopilación de pruebas, versiones y pericias que permitan esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades penales conforme a la ley.
