La crisis interna que atraviesa Ecuador ha colocado a las Fuerzas Armadas en el centro del debate nacional. La escalada de violencia, el avance del crimen organizado y la fragilidad institucional han llevado al Estado a recurrir cada vez más al estamento militar para tareas de control interno, seguridad ciudadana y apoyo a la Policía. Si bien esta participación responde a una situación excepcional, su normalización plantea interrogantes serios sobre los límites, los riesgos y las consecuencias para la democracia.
Las Fuerzas Armadas ecuatorianas tienen una misión constitucional clara: la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Su intervención en asuntos de seguridad interna está prevista solo en circunstancias extraordinarias y de forma complementaria. Sin embargo, la prolongación de estados de excepción y la delegación recurrente de funciones policiales han desdibujado esa frontera, trasladando a los militares a un terreno para el cual no fueron diseñados ni entrenados de manera permanente.
El riesgo es doble. Por un lado, se expone a las Fuerzas Armadas a un desgaste institucional y reputacional, al involucrarlas en operativos urbanos, control carcelario o tareas de orden público donde el uso de la fuerza está sujeto a estándares distintos y a un escrutinio permanente en materia de derechos humanos. Por otro, se corre el peligro de debilitar a la Policía Nacional, que termina dependiendo del respaldo militar.
La militarización de la seguridad interna puede ofrecer resultados inmediatos en términos de presencia y disuasión, pero no constituye una solución sostenible. El crimen organizado que hoy opera en el país no se derrota únicamente con fusiles y patrullajes, sino con inteligencia, justicia eficiente, control del sistema penitenciario y políticas sociales que ataquen las causas profundas de la violencia. Pretender que las Fuerzas Armadas suplan estas falencias es trasladar el problema, no resolverlo.
Reconocer la labor de las Fuerzas Armadas en contextos de emergencia no implica renunciar a una reflexión crítica. Su participación debe estar claramente delimitada, temporalmente acotada y sujeta a control civil efectivo. La salida a la crisis interna no puede descansar indefinidamente sobre los hombros de una institución cuya misión principal no es la seguridad ciudadana.
Fortalecer el Estado de derecho, profesionalizar a la Policía, recuperar el control de las cárceles y garantizar políticas públicas coherentes es el camino. Las Fuerzas Armadas pueden apoyar, pero no reemplazar al Estado civil. Cruzar esa línea es asumir riesgos que el país no puede permitirse.
