ENERGÍA
El Gobierno del presidente Daniel Noboa presentó el 28 de enero de 2026 un nuevo proyecto de ley orgánica para fortalecer los sectores estratégicos de minería y energía, con especial enfoque en el sector eléctrico. Esta iniciativa, de carácter económico urgente, busca establecer reglas claras bajo las cuales el Estado puede delegar a privados la ejecución de proyectos de generación de energía.

La propuesta se plantea como una respuesta al reciente fallo de la Corte Constitucional, que en diciembre de 2025 declaró inconstitucional un artículo de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee) que permitía concesiones eléctricas sin una delimitación precisa de condiciones. El Gobierno considera que la normativa anterior era demasiado amplia y pretende con este nuevo proyecto definir con precisión los casos en los que se puede autorizar la participación privada en el sector.
Según el Ejecutivo, la reforma permitirá esquemas excepcionales de concesión y delegación que incluyen financiamiento, construcción, operación y mantenimiento, trasladando riesgos al operador privado y buscando optimizar recursos del Estado. El objetivo es mejorar la capacidad de generación eléctrica en un contexto donde persisten desafíos en la cobertura y fiabilidad del sistema.
Entre las condiciones previstas para estas delegaciones se encuentran situaciones como retrasos en proyectos del Plan Maestro de Electricidad, la presencia de déficit energético o emergencias declaradas por las autoridades competentes. Además, las delegaciones podrán efectuarse a empresas privadas, estatales extranjeras o incluso entidades de la economía popular y solidaria, siempre bajo procesos públicos de selección.
El proyecto también contempla mecanismos para promover la autogeneración de energía, incluidas figuras como el Distrito Autónomo Energético, y plantea que los contratos de delegación puedan extenderse por hasta 30 años, con posibilidad de una renegociación excepcional.
La iniciativa ahora deberá ser analizada por la Asamblea Nacional, que decidirá su debate y eventual aprobación en el Legislativo.










