ELECTRICIDAD
La Empresa Eléctrica Riobamba S.A. (EERSA), considerada patrimonio público y pilar del desarrollo energético de la provincia de Chimborazo, vivió días de intensa actividad institucional y social entre diciembre de 2025 y enero de 2026, en torno al proceso de implementación del fideicomiso tarifario dispuesto por el Decreto Ejecutivo N.º 32. Lo que comenzó como una socialización técnica derivó en debate público, movilizaciones ciudadanas y respaldos a la gestión institucional.
Todo empezó cuando el Ejecutivo emitió el Decreto N.º 32, que obligaba a las distribuidoras de electricidad a crear un fideicomiso tarifario para administrar los recursos provenientes de la venta de energía eléctrica y alumbrado público. La medida tenía un doble objetivo: garantizar el pago puntual a los generadores de energía y fortalecer la sostenibilidad financiera de la empresa pública. En diciembre de 2025, EERSA organizó un evento de socialización que reunió a los principales accionistas y autoridades locales. Entre los asistentes se encontraban Tony Coronel, gerente general de la empresa; John Vinueza, alcalde de Riobamba; Remigio Roldán, alcalde de Alausí; y Oswaldo Estrada, alcalde de Guano. Durante la jornada, se explicaron los alcances técnicos, financieros y normativos del fideicomiso, así como los procedimientos de administración de recursos que contempla la normativa.
Según la gerencia, los ingresos mensuales por la recaudación del servicio de energía eléctrica y alumbrado público oscilaban entre USD 3,2 millones y 3,4 millones. Estos recursos se destinarían prioritariamente al pago de la energía adquirida, seguidos por los costos operativos de la distribuidora, que incluyen administración, operación, mantenimiento, comercialización y responsabilidad ambiental. El fideicomiso contemplaba la contratación de una firma fiduciaria y la apertura de una cuenta en el Banco Central del Ecuador, en la cual se depositarían todos los valores recaudados, incluidos los subsidios que se transfirieran. La fiduciaria sería la encargada de ejecutar los pagos por compra, transmisión e importación de energía, mientras que EERSA administraría directamente los recursos destinados a costos operativos, proyectos de expansión y otros ingresos propios. Se aclaró que montos recaudados por contribuciones de terceros, como aportes al Cuerpo de Bomberos o tasas municipales, no formarían parte del fideicomiso y serían entregados directamente a los beneficiarios correspondientes.
El Decreto Ejecutivo estableció un plazo máximo de 180 días para la constitución del fideicomiso y un período de 18 meses para que los clientes de alto voltaje implementaran sistemas de generación propia, en caso de no contar con ellos. La notarización de la constitución del fideicomiso estaba prevista para 2026, con un costo aproximado de USD 2.875, incluido IVA, y pagos anuales a la fiduciaria de USD 35.880, sumando un total estimado de USD 38.755. La administración de EERSA aseguró que este mecanismo busca generar confianza en los inversionistas privados, especialmente en proyectos de generación distribuida y autoabastecimiento regulados desde 2024.
En la provincia ya existen inversiones en marcha, como la próxima inauguración de una planta de 2 megavatios, lo que refuerza la capacidad energética y proyecta desarrollo territorial. El proceso del fideicomiso tarifario evidenció la complejidad de implementar reformas financieras en empresas públicas estratégicas, donde convergen intereses técnicos, políticos y sociales. La tensión entre la administración de EERSA y los sectores críticos mostró la necesidad de transparencia, participación efectiva y control ciudadano en decisiones que afectan un patrimonio público clave.
Al día siguiente, el 21 de enero, se registró un acto de apoyo al gerente general Tony Coronel, frente a las instalaciones de EERSA. Representantes de organizaciones sociales se congregaron para reconocer su gestión, destacando su cercanía con la ciudadanía, su presencia en territorio y su atención directa a las necesidades de la población. Coronel aprovechó la ocasión para defender el fideicomiso como un mecanismo destinado únicamente a ordenar los pagos de la empresa y garantizar la continuidad del servicio eléctrico. “El verdadero proceso de socialización es con el pueblo, no con quienes se creen dueños de la ciudad o de la provincia”, afirmó.
El rechazo ciudadano y movilizaciones
A pesar de la socialización institucional, sectores de la sociedad expresaron su rechazo al fideicomiso. El 17 de enero de 2026, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Chimborazo emitió un pronunciamiento en el que cuestionó la implementación de un fideicomiso sin participación ciudadana, argumentando que podía comprometer la autonomía de EERSA, limitar la inversión territorial y poner en riesgo el futuro del servicio eléctrico público.
El 20 de enero, coincidió con la sesión de la Junta de Accionistas de la empresa, cuando se llevó a cabo un plantón ciudadano en el Parque Sucre de Riobamba. La movilización, liderada por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, Indígenas y Populares de Chimborazo, junto con otros colectivos sociales, exigió transparencia y acceso público al contrato del fideicomiso.
Los manifestantes denunciaron desconocer las cláusulas y los alcances reales de la figura financiera. Durante la jornada, los líderes sociales recordaron que Chimborazo posee el 56 % de las acciones de EERSA, frente al 44 % del Gobierno Nacional, lo que convirtió al voto de los alcaldes en un factor determinante para la aprobación del fideicomiso. Los ciudadanos exigieron que cualquier decisión se adoptara con pleno conocimiento de las comunidades afectadas y que se garantizara un proceso participativo real.
Tras varias horas de deliberación, Milton Pazmiño, presidente de la Comisión Anticorrupción de Chimborazo, informó que la Junta de Accionistas resolvió autorizar que el proceso del fideicomiso continúe, pero condicionado a un proceso de socialización con organizaciones sociales y actores locales y a la entrega del texto completo para su revisión antes de la aprobación final. Aunque no se firmó de manera inmediata, la resolución abrió formalmente el camino para la construcción del fideicomiso y estableció que la administración de EERSA debía garantizar la participación de la sociedad civil. Las organizaciones sociales anunciaron que permanecerían vigilantes y solicitarían el acta oficial de la sesión para verificar la participación y la votación de cada miembro de la Junta, de lo cual aún no se conoce.
