EDUCACIÓN
Riobamba fue sede de la clausura del Curso Presencial de Formación Especializada para Inspectores Educadores, una iniciativa orientada a fortalecer el sistema socioeducativo de los Centros de Adolescentes Infractores (CAI) a nivel nacional y a consolidar procesos de rehabilitación y reinserción social más efectivos.
En el programa participaron 27 servidores públicos provenientes de 10 centros del país, quienes durante varias jornadas accedieron a capacitación técnica, legal y operativa, enfocada en el fortalecimiento de sus competencias para el acompañamiento integral de adolescentes en conflicto con la ley. La formación estuvo dirigida a actualizar los conocimientos del personal que cumple funciones de control, orientación y apoyo pedagógico dentro de los centros, bajo un enfoque basado en derechos humanos, resolución de conflictos y herramientas educativas que permitan generar entornos más seguros y propicios para el aprendizaje y la convivencia.
Desde la organización se destacó que el rol del inspector-educador es estratégico dentro del sistema de justicia juvenil, al ser un vínculo directo entre la normativa legal, los objetivos institucionales y los procesos formativos de los adolescentes. Su labor, señalaron, no se limita a la vigilancia, sino que incluye la construcción de dinámicas de confianza, disciplina formativa y acompañamiento permanente.
Las autoridades presentes subrayaron que una intervención especializada contribuye a disminuir los niveles de reincidencia y a ampliar las oportunidades de reinserción social, al brindar a las jóvenes herramientas para desarrollar habilidades sociales, asumir responsabilidades y proyectar un nuevo plan de vida fuera del sistema.
En este contexto, se remarcó que la capacitación continua del personal es un componente clave para consolidar un modelo socioeducativo que priorice la formación, la orientación y la prevención por encima de enfoques punitivos, en concordancia con los principios de protección integral de derechos.
La clausura del curso en Riobamba marca así un nuevo avance en el fortalecimiento del modelo de atención juvenil, en un momento en que la rehabilitación, la educación y la prevención se consolidan como ejes centrales de la política pública en materia de seguridad y desarrollo social.
