La corrupción en el Ecuador no es un fenómeno episódico ni el resultado exclusivo de malas decisiones individuales. Es un problema estructural, arraigado en las debilidades históricas del Estado y en una cultura política que ha normalizado el abuso del poder. Por eso, a pesar de los escándalos recurrentes, los discursos de “mano dura” y las promesas de reforma, el país sigue atrapado en un círculo vicioso del que no logra salir.
El patrón se repite con inquietante regularidad: se destapa un caso de alto impacto, se anuncian investigaciones, se multiplican las declaraciones públicas y, con el paso del tiempo, el proceso se diluye entre dilaciones judiciales, prescripciones o sentencias cuestionadas. La indignación ciudadana se multiplica, y el sistema sigue igual.
Una de las causas centrales de esta corrupción estructural es la fragilidad institucional. Organismos de control débiles, cooptados o sometidos a presiones políticas generan un entorno propicio para la impunidad. Cuando quienes deben vigilar y sancionar dependen del poder al que deben controlar, la corrupción deja de ser una desviación y se convierte en una práctica tolerada.
A esto se suma la politización de la justicia y la falta de sanciones ejemplares. La percepción de que la ley se aplica con criterios selectivos —severidad para los adversarios, indulgencia para los aliados— refuerza la idea de que delinquir desde el poder tiene bajo costo. Sin castigos claros, rápidos y proporcionales, la corrupción se reproduce como un incentivo perverso.
El problema también es cultural y social. Durante años, el clientelismo, el “favor político” y la informalidad han sido vistos como atajos legítimos para resolver necesidades. Esta normalización del abuso erosiona la ética pública y debilita la conciencia ciudadana. Cuando la corrupción se percibe como inevitable, la sociedad se resigna y el sistema se perpetúa.
Romper este círculo vicioso exige algo más que reformas legales o cambios de autoridades. Requiere una transformación profunda que combine independencia real de la justicia, fortalecimiento de los organismos de control, transparencia efectiva en la gestión pública y participación ciudadana activa. Sin presión social sostenida, las estructuras corruptas siempre se adaptan y sobreviven.
El Ecuador no fracasa en la lucha contra la corrupción por falta de diagnósticos, sino por ausencia de voluntad política sostenida. La corrupción estructural no se erradica con discursos ni con escándalos mediáticos. Se combate con instituciones fuertes, reglas claras y una sociedad que no tolere la impunidad.
