El Ecuador vive uno de los momentos más críticos de su historia reciente en materia de seguridad. La expansión del crimen organizado, la violencia desbordada y la penetración de economías ilícitas han colocado al Estado frente a un dilema complejo y peligroso: cómo recuperar el control territorial y garantizar la seguridad ciudadana sin sacrificar derechos fundamentales ni debilitar el Estado de derecho.
Ante el avance de las mafias, la respuesta ha sido, en buena medida, la militarización del espacio público y la adopción de medidas excepcionales. Estados de excepción prolongados, operativos masivos y el protagonismo creciente de las Fuerzas Armadas reflejan la urgencia de la situación. Sin embargo, cuando lo excepcional amenaza con convertirse en permanente, surge una pregunta inevitable: ¿está el país enfrentando al crimen organizado o normalizando un modelo de seguridad que erosiona las garantías democráticas?
La seguridad es un derecho esencial, pero no puede construirse a costa de otros derechos. Detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, allanamientos sin control efectivo y abusos no sancionados no solo vulneran libertades básicas, sino que debilitan la legitimidad del propio Estado. En este contexto, el discurso del “todo vale” frente al crimen puede resultar atractivo en el corto plazo, pero es profundamente riesgoso en el mediano y largo plazo.
La fortaleza del crimen organizado radica en redes de corrupción, lavado de activos, control territorial y cooptación institucional. Cuando la estrategia de seguridad se reduce a la represión, sin una justicia eficaz, sin inteligencia financiera y sin políticas sociales que atiendan las causas estructurales de la violencia, el Estado actúa de forma reactiva y limitada.
Además, existe un riesgo político latente: que la inseguridad sea utilizada como justificación para concentrar poder, debilitar controles institucionales o restringir libertades bajo el argumento de la emergencia. La historia regional ofrece ejemplos claros de cómo el miedo puede convertirse en un instrumento de gobernabilidad autoritaria. La eficacia en la lucha contra el crimen organizado depende de instituciones sólidas, justicia independiente, fuerzas de seguridad profesionalizadas y un marco legal respetado.
El dilema es real, pero la respuesta no puede ser simplista. El Ecuador necesita una política de seguridad integral, firme y legítima, que enfrente al crimen sin perder el rumbo democrático. De lo contrario, la victoria contra la violencia podría convertirse, paradójicamente, en un fracaso para la democracia.
