POLÍTICA
La asambleísta por Chimborazo, Mishel Mancheno, presentó una querella por presunta calumnia en contra de la asambleísta Mónica Palacios (Revolución Ciudadana), la acción legal fue interpuesta ante la Corte Nacional de Justicia, y subrayó que “el país merece responsabilidad y seriedad, y eso exige pruebas, no ruido”.
El recurso legal fue ingresado en la Corte Nacional de Justicia para que Palacios sea procesada, el Pleno de la Asamblea Nacional debe autorizar el levantamiento de su inmunidad parlamentaria. Un trámite político, que exige 101 votos y que, por la correlación de fuerzas, luce poco probable.
El antecedente refuerza esa lectura en noviembre de 2024, una Asamblea de composición distinta ya negó un pedido similar cuando el querellante fue el propio presidente Daniel Noboa. El trasfondo del caso, sin embargo, va más allá de los números legislativos. Las declaraciones de Palacios se sostienen, según lo expuesto públicamente, en fotografías extraídas de redes sociales, no en investigaciones formales ni en elementos probatorios presentados ante autoridad competente.
En un Estado de derecho, la denuncia pública exige responsabilidad. Afirmar vínculos con delitos graves, insinuar interferencias judiciales o atribuir investigaciones inexistentes no constituye fiscalización: es, en el mejor de los casos, especulación; en el peor, un intento deliberado de dañar reputaciones.
Hasta el momento, no existe resolución judicial que respalde las acusaciones lanzadas por Palacios, ni constancia oficial de investigaciones en curso que sostengan el relato expuesto. La querella de Mancheno, pone límites a una práctica cada vez más extendida en la arena política, convertir el micrófono o la curul en tribunal, sin pasar por los filtros mínimos de verificación.
