La justicia ecuatoriana atraviesa uno de sus momentos más críticos, no por falta de normas, sino por el abuso de ellas. El sistema judicial se ha convertido en una maraña de leguleyadas, donde, al parecer, más se impone la forma que el fondo y el tecnicismo prevalece sobre el sentido elemental de justicia. En este escenario, la ley ya no es un instrumento para garantizar derechos y sancionar delitos, sino una trampa semántica que favorece a quienes saben manipularla.
Las audiencias se suspenden por detalles mínimos, los procesos se dilatan indefinidamente y las decisiones judiciales se escudan en interpretaciones forzadas de artículos, incisos y comas. El resultado es previsible: causas emblemáticas que se diluyen en el tiempo, sentencias que nunca llegan y una ciudadanía que asiste, impotente, a la erosión de la credibilidad institucional. La justicia tardía, como bien se sabe, es una forma de injusticia.
Este abuso del formalismo legal no es casual. Responde a una cultura jurídica que ha privilegiado la astucia procesal por encima de la ética judicial. Abogados expertos en enredos normativos, jueces temerosos de resolver con firmeza y un sistema disciplinario débil han creado el escenario perfecto para la impunidad. En lugar de buscar la verdad y proteger el interés público, se compite por encontrar el vacío legal que permita evadir responsabilidades.
El daño va más allá de los expedientes. Cuando la justicia se enreda en leguleyadas, el mensaje social es devastador: en el Ecuador no gana quien tiene la razón, sino quien tiene más tiempo, más recursos o mejores contactos. Esto profundiza la desigualdad, desalienta la denuncia y normaliza la idea de que la ley es negociable.
Salir de estas marañas exige más que reformas legales. Se requiere una transformación profunda de la práctica judicial: jueces con independencia real y valentía para decidir, procesos más ágiles, sanciones efectivas para quienes dilatan de mala fe y una formación jurídica que priorice la justicia material sobre el ritualismo vacío. Sin estos cambios, cualquier nueva ley será fácilmente burlada
La justicia ecuatoriana no puede seguir extraviada entre papeles, tecnicismos y excusas. O se recupera su esencia —servir a la verdad y al bien común— o continuará siendo un sistema que protege al más hábil en el engaño y traiciona al ciudadano que aún cree en la ley. El país no necesita hojarasca legal; necesita justicia.
