CHIMBORAZO
La Prefectura de Chimborazo fijó una postura institucional firme frente al intento de reintegro de Hermel Tayupanda, al reiterar que mientras exista un impedimento vigente en el sistema del Ministerio del Trabajo no es posible emitir acciones de personal ni ejercer funciones públicas. La advertencia se realizó el 19 de enero de 2026, durante una rueda de prensa encabezada por la prefecta subrogante, Mónica Loza, en medio de un conflicto que ya trascendió el ámbito jurídico y escaló al plano político y operativo.
La comparecencia, convocada a las 09H30, contó con la presencia del procurador síndico, representantes de la Coordinación de Talento Humano, la Dirección Administrativa y otras áreas estratégicas. El mensaje fue reiterado en varias intervenciones: sin un certificado de rehabilitación emitido por el Ministerio del Trabajo, cualquier intento de reintegro carece de sustento legal.
El procurador síndico explicó que la actuación de la Prefectura no responde a motivaciones políticas, sino al cumplimiento estricto de la Ley Orgánica del Servicio Público, que obliga a verificar impedimentos antes del ingreso o retorno de un servidor público. Alertó que emitir actos administrativos sin cumplir este requisito podría acarrear la nulidad de decisiones, incluidas convocatorias al Consejo Provincial, comprometiendo la validez de resoluciones adoptadas desde la institución.
En su intervención final, la prefecta subrogante Mónica Loza sostuvo que su permanencia en el cargo responde únicamente a una obligación legal. “No me quedaré un minuto más si el certificado dice lo contrario; nuestra obligación jurídica es acatar las decisiones de la autoridad competente”, afirmó, subrayando que su gestión temporal ha estado enfocada en trabajar durante 90 días por la provincia. La declaración buscó marcar un límite político y jurídico en medio de la controversia.
Loza también denunció presuntos amedrentamientos a funcionarios, intentos de toma de oficinas, exigencias de claves institucionales y acciones orientadas —según dijo— a generar inestabilidad administrativa, incluso afectando el abastecimiento de combustible para la maquinaria provincial. Estas situaciones derivaron en decisiones inmediatas, como la separación de un director financiero que se habría ausentado sin autorización y se presentó junto a Tayupanda ante la Policía Nacional.
Paralelamente, a las 10H30 del mismo día, Hermel Tayupanda convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Provincial. La Procuraduría Síndica calificó la convocatoria como ilegítima, al considerar que el convocante no contaba con habilitación legal. La sesión se desarrolló en medio de cuestionamientos sobre su competencia y legalidad, y contó con la asistencia de solo tres alcaldes y representantes parroquiales.
El momento más tenso se produjo cuando el alcalde de Penipe, Fabián Aldaz, cuestionó públicamente la legalidad de la convocatoria y del único punto del orden del día: la restitución de Tayupanda. Antes de la instalación formal, Aldaz argumentó que mientras subsista el impedimento no existe competencia para convocar y se retiró de la sesión virtual.
La tensión continuó en horas de la tarde. A las 14H40, un grupo de exdirectores ingresó a las instalaciones del Consejo Provincial entre gritos, alegando el presunto retorno de Tayupanda al cargo. Ante el riesgo de confrontación, la prefecta subrogante solicitó apoyo de la Policía Nacional para resguardar el orden en la Prefectura de Chimborazo.
La Prefectura de Chimborazo endureció su postura frente al intento de reintegro de Hermel Tayupanda y advirtió que, mientras persista un impedimento vigente en el sistema del Ministerio del Trabajo, no es legalmente posible emitir acciones de personal ni ejercer funciones públicas, un conflicto que ya escaló del ámbito jurídico al político y operativo.
Tayupanda denuncia persecución política
Desde la otra orilla, Alejandro Piedra, abogado de Tayupanda, defendió la legalidad de las actuaciones de su cliente. Aseguró que acudieron a Talento Humano para exigir la emisión de acciones de personal y recuperar accesos y claves institucionales. Aunque admitió que el sistema del Ministerio del Trabajo aún refleja el impedimento, lo atribuyó a un “error” que —según dijo— será subsanado y que no impediría el retorno de Tayupanda al mando de la Prefectura. Consultado sobre el presunto ingreso de familiares a cargos institucionales, no lo negó y argumentó el derecho al trabajo, añadiendo un nuevo componente político a la disputa.
Con posiciones enfrentadas, advertencias legales y episodios que ya requirieron presencia policial, el conflicto por el control de la Prefectura de Chimborazo permanece abierto. Mientras la administración subrogante insiste en que cualquier resolución adoptada por Tayupanda es ilegítima por su falta de capacidad legal para ejercer funciones, su equipo sostiene que el retorno es inminente. El martes 20 de enero, Tayupanda se dirigió a sus simpatizantes en la Plaza Alfaro, desde carpas improvisadas, denunciando una supuesta persecución política y anunciando posibles movilizaciones en Riobamba y Quito si el impedimento no es levantado. La institucionalidad provincial continúa, así, en un escenario de alta tensión.
