Por: Franklin Barriga
La caída de Nicolás Maduro constituye un hecho trascendental y muy grato, para quienes amamos la libertad, la democracia, los Derechos Humanos y el desarrollo.
La operación militar, meticulosamente planificada, de alta precisión, efectuada por Estados Unidos en Caracas, mediante la cual se capturó al autócrata y a su esposa, Cilia Flores, política de omnipresente influencia, sobre todo en el poder judicial venezolano, quedará en los anales no solo militares como extraordinaria, si se analiza las condiciones en que se realizó.
De manera nada recomendable tuvieron el poder absoluto en sus manos, por largos y desastrosos años, como principales integrantes y, luego, continuadores del régimen de Hugo Chávez, donde se inició la ruina no solo económica de la patria de Simón Bolívar. Una vez que se produjo la extracción del búnker donde se hallaban protegidos por cubanos -y no venezolanos- como principal anillo de seguridad, Maduro y Flores fueron llevados a Nueva York donde están siendo juzgados por un tribunal federal. Ante lo sucedido, el presidente Daniel Noboa ha manifestado: “A todos los criminales narcochavistas les llega la hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente”.
Para cualquier análisis, es necesario tomar en cuenta que Nicolás Maduro no fue presidente legítimo sino usurpador de esa dignidad, de acuerdo a los resultados de las elecciones del 2024. Dentro del multilateralismo, el Derecho Internacional jamás debe proteger a delincuentes.
Es generalizada la expectativa de lo que viene sucediendo en Venezuela, una vez que se produjo el memorable operativo y la puerta quedó abierta para que desaparezcan los factores adversos que le postraron por más de un cuarto de siglo.
Un dictador menos, un triunfo para los valores y principios democráticos que han comenzado a ser recuperados en el hermano país.
