Por: Fedgar
La justicia ecuatoriana se ha convertido, para amplios sectores de la ciudadanía, en un laberinto de leguleyadas donde la forma pesa más que el fondo y la astucia procesal termina imponiéndose sobre la verdad. No es una percepción aislada ni una exageración retórica; es una realidad que se repite en juzgados, fiscalías y tribunales, erosionando la confianza pública en una de las funciones esenciales del Estado.
En teoría, la justicia existe para garantizar derechos, sancionar abusos y resolver conflictos con imparcialidad. En la práctica, el sistema parece diseñado para favorecer a quien mejor maneja los vericuetos legales, no a quien tiene la razón. Expedientes que se dilatan, audiencias suspendidas por formalismos mínimos, recursos utilizados como estrategia de desgaste y sentencias que priorizan el procedimiento antes que la justicia material conforma el paisaje cotidiano.
El problema no es la ley en sí, sino su uso distorsionado. La leguleyada, esa habilidad para retorcer la norma sin violarla abiertamente, se ha normalizado como estrategia legítima. Así, la justicia deja de ser un instrumento de equidad y se transforma en un juego de resistencia donde gana quien tiene más tiempo, más dinero o mejores contactos. El ciudadano común, en cambio, queda atrapado en la espera, la frustración y el desencanto.
Esta cultura jurídica no surge por azar. Es el resultado de una institucionalidad débil, de controles laxos y de una politización constante del sistema judicial. Cuando jueces y fiscales son percibidos como actores vulnerables a presiones externas, la ley pierde autoridad moral. La independencia judicial, principio fundamental de cualquier democracia, se convierte en una consigna vacía.
Las consecuencias son profundas y peligrosas. Una justicia que no resuelve conflictos de manera oportuna y justa alimenta la impunidad, fortalece la ilegalidad y empuja a la ciudadanía a buscar soluciones fuera del marco institucional. Cuando la ley deja de ser confiable, el Estado pierde legitimidad y la convivencia social se fractura.
No se trata de desconocer la complejidad del derecho ni de descalificar a todos los operadores de justicia. Existen jueces, fiscales y abogados que trabajan con ética y compromiso. Pero mientras el sistema premie la trampa procesal y castigue la honestidad, esos esfuerzos seguirán siendo excepciones en un mar de desconfianza.
Como soñar no cuesta nada, estamos seguros que, el Ecuador no necesita más normas ni reformas cosméticas. Necesita una justicia que privilegie la verdad sobre el trámite, la equidad sobre el tecnicismo y el bien común sobre el interés particular. Mientras la justicia siga siendo un mundo de leguleyadas, el ciudadano seguirá sintiendo que la ley no lo protege, sino que lo excluye. Y, una sociedad que aprende a desconfiar de su justicia termina aceptando, con resignación peligrosa, que los potentados, siempre encuentra la forma de evadirla.
